* Expertos internacionales y académicos de la UNAM advierten en el foro “Voces Anticorrupción” que los algoritmos deben servir de apoyo analítico sin desplazar el criterio ni la responsabilidad humana……
Por Mireya Álvarez
El combate a las malas prácticas en la administración pública debe modernizarse mediante el análisis predictivo de datos y la inteligencia artificial (IA), pero siempre bajo una estricta supervisión humana y principios éticos indelegables, esa fue la conclusión central a la que llegaron especialistas durante la segunda jornada del ciclo “Voces Anticorrupción”, celebrado en las instalaciones del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios (IAPEM).
El foro, convocado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción mexiquense (SESAEMM), reunió a investigadores de la UNAM, la UNED y la Universidad de La Rioja para examinar el impacto sistémico de la opacidad y las alternativas que abren las herramientas de vanguardia tecnológica.
Al exponer la ponencia “IA, corrupción y ética”, el doctor Jaime Rodríguez Alba detalló cómo el procesamiento masivo de información facilita el rastreo de anomalías contractuales y esquemas de prestanombres, tal como ha ocurrido en casos de estudio en Colombia y España frente a conflictos de interés o fraccionamiento ilícito de compras gubernamentales, no obstante, el académico enfatizó que ningún modelo predictivo puede suplir la deliberación moral.
Ante ello, dijo que, la última decisión sobre una investigación o sanción debe recaer siempre en personas, con responsabilidades jurídicas claras; urge blindar los sistemas contra sesgos algorítmicos, proteger la privacidad y garantizar la rendición de cuentas; y la tecnología clasifica patrones, pero la interpretación del contexto sociopolítico requiere criterio humano.
Por su parte, el doctor Ricardo Uvalle Berrones, investigador emérito de la UNAM, abordó la problemática desde una perspectiva tridimensional, subrayando que el quebranto económico es solo una fracción del daño real, tal como la erosión del Estado de derecho, fomento de redes de complicidad y pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder; desvío de fondos públicos, proliferación de sobornos y consolidación de mercados irregulares a costa del erario; y el deterioro de la confianza ciudadana, captura clientelar de dependencias y sustitución del mérito por lealtades personales.
Para contrarrestar esta inercia, Uvalle Berrones propuso una estrategia integral basada en la simplificación de trámites burocráticos, marcos de transparencia activa y una mayor injerencia de la sociedad civil en la vigilancia institucional.
Durante el acto protocolario, que contó con la presencia del secretario técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado, y la magistrada Nancy Flores Mendoza, el encargado de despacho de la Dirección General del IAPEM, Roberto Arturo Rodríguez Reyes, apuntó que la erradicación de estas prácticas no recae en liderazgos aislados, sino en la construcción de dinámicas institucionales sólidas y coordinadas.
