* El bloqueo de Paseo Tollocan cumple tres días sin solución, entre reclamos laborales y graves afectaciones a la ciudadanía……
Por Mary González
Tres días de manifestaciones, más de 40 horas de bloqueo y una de las principales vialidades del Valle de Toluca prácticamente paralizada, ese es el resultado de un conflicto laboral que exhibe la incapacidad de las autoridades para responder oportunamente a las demandas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes desde el viernes 9 de octubre mantienen su protesta frente al Hospital General Regional número 220, mientras pacientes, automovilistas, transportistas y ciudadanos pagan las consecuencias de una crisis que continúa sin solución definitiva.
Lo verdaderamente inadmisible es que un conflicto relacionado con salarios, condiciones laborales y desabasto de medicamentos haya llegado hasta su tercer día sin acuerdos capaces de liberar Paseo Tollocan, situación que obliga a preguntar dónde estuvieron las autoridades responsables durante las primeras horas, qué medidas adoptaron para evitar que la protesta escalara y por qué los mecanismos de negociación resultaron insuficientes.
Porque tres días no representan solamente una manifestación prolongada, representan también tres días de afectaciones acumuladas, pérdidas económicas, traslados complicados y ciudadanos obligados a soportar las consecuencias de decisiones que no tomaron.
¿Dónde quedaron las autoridades?
Los trabajadores rechazan el incremento salarial del 2.9 por ciento y demandan uno del 10 por ciento directo al tabulador, además de denunciar deficiencias en el suministro de medicamentos y materiales indispensables para desempeñar sus funciones, inconformidades que requieren respuestas institucionales concretas y no únicamente llamados a mantener el diálogo.
Resulta inexplicable que, tratándose de una institución federal con representación sindical, estructuras administrativas y mecanismos de negociación establecidos, el conflicto haya alcanzado semejantes dimensiones sin conseguir una salida efectiva.
El IMSS, su representación sindical y las autoridades federales involucradas deben explicar qué acuerdos han propuesto, cuáles fueron rechazados y qué impide alcanzar una solución, porque las consecuencias ya rebasaron los límites de un desacuerdo estrictamente laboral.
Tampoco puede ignorarse la responsabilidad de las autoridades encargadas de la movilidad y seguridad vial, cuya obligación es implementar alternativas para reducir las afectaciones, garantizar el acceso a los hospitales y proteger tanto el derecho a la manifestación como el libre tránsito de los ciudadanos.
¿Y la salud mejor que la de Dinamarca?
Aquí aparece una contradicción que resulta imposible ignorar, durante años, el discurso del gobierno federal prometió que México tendría un sistema de salud semejante e incluso superior al de Dinamarca, con médicos suficientes, medicamentos gratuitos, hospitales equipados y atención digna para toda la población.
Hoy, mientras trabajadores del IMSS denuncian falta de insumos y condiciones laborales insuficientes, aquella promesa vuelve a confrontarse con la realidad, porque difícilmente puede presumirse un sistema sanitario de primer nivel cuando quienes sostienen diariamente su funcionamiento consideran necesario abandonar sus actividades habituales para exigir mejores condiciones.
¿Dónde quedó aquel sistema de salud que sería superior al de Dinamarca?, ¿dónde están los resultados de las inversiones anunciadas?, ¿por qué persisten denuncias de desabasto y precariedad laboral?, ¿quién responde por las deficiencias que padecen trabajadores y derechohabientes?
No basta con inaugurar hospitales, anunciar presupuestos millonarios o presentar estadísticas favorables, la calidad de los servicios públicos debe medirse también por la disponibilidad de medicamentos, las condiciones de trabajo del personal y la atención que efectivamente reciben los pacientes.
La administración federal actual tiene la responsabilidad de responder por esas condiciones, sin utilizar los problemas heredados como explicación permanente ni convertir las promesas del pasado en excusa para las deficiencias del presente.
Toluca no puede seguir pagando
El conflicto también demuestra que la falta de acuerdos institucionales puede terminar trasladando sus costos a quienes no participan directamente en las negociaciones, miles de personas enfrentan recorridos más largos, retrasos laborales, complicaciones en el transporte y obstáculos para desarrollar sus actividades cotidianas.
Los trabajadores tienen derecho a manifestarse y exigir condiciones dignas, pero los ciudadanos también tienen derecho a circular, llegar a sus empleos y acceder oportunamente a los servicios médicos, responsabilidades que las autoridades deben procurar conciliar sin criminalizar la protesta ni abandonar a la población.
La pregunta más grave es cómo fue posible permitir que una inconformidad conocida llegara al tercer día sin una solución capaz de restablecer la normalidad.
Tres días que exhiben una crisis
El plantón frente al Hospital 220 representa mucho más que un bloqueo vial, constituye una advertencia sobre las tensiones laborales y las carencias denunciadas dentro del sistema sanitario, además de exhibir las limitaciones de la respuesta institucional ante un conflicto de alcance nacional.
Urgen acuerdos verificables, compromisos salariales claros, revisión del abastecimiento hospitalario y mecanismos que garanticen que las protestas no continúen castigando a la población.
Porque mientras las autoridades mantienen conversaciones sin resultados definitivos, Toluca permanece afectada y los trabajadores continúan esperando respuestas.
El tercer día de bloqueo no debe convertirse en el cuarto por falta de voluntad o capacidad para negociar, porque un gobierno que presume avances en salud también está obligado a demostrar que sabe resolver los conflictos de quienes mantienen funcionando sus hospitales.
