Por Mireya Álvarez
El arbitraje electoral ha puesto un límite a la guerra de mensajes en medios de comunicación, esto a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, el Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares contra el partido Movimiento Ciudadano (MC), ordenando el retiro inmediato de un promocional de radio y televisión que centraba su discurso en ataques directos hacia el partido oficialista, Morena.
La autoridad electoral fue contundente, aunque el debate político permite la confrontación de ideas y la crítica severa, el contenido denunciado cruzó la frontera hacia la propaganda calumniosa, donde según el análisis del INE, el spot no se limitaba a cuestionar la gestión gubernamental, sino que imputaba delitos y actos de corrupción de manera genérica y sin sustento jurídico, lo que atenta contra la integridad del proceso.
El material audiovisual, que ya circulaba a nivel nacional, incluía consignas como: “Prometieron un cambio y solo hubo corrupción”; “Morena ya te falló”; “No más engaños”.
Para el árbitro electoral, estas frases, presentadas como hechos y no como opiniones, tienen el potencial de confundir al electorado y dañar la reputación de la fuerza política en el poder de forma injustificada, rompiendo el principio de “equidad” que debe prevalecer en la contienda.
Tras la resolución, el INE notificó de manera urgente a las concesionarias de radio y televisión para que cesen la transmisión de dicho material de forma definitiva. Esta medida busca detener lo que se considera un daño irreparable a la atmósfera de respeto que se pretende mantener entre los contendientes.
El INE reiteró que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero no es un derecho absoluto cuando se utiliza para la descalificación sin pruebas en tiempos electorales.
Pese al revés jurídico, el partido naranja mantiene su derecho a la pauta publicitaria, no obstante, deberá ajustar su estrategia de comunicación para evitar nuevas sanciones. La resolución deja claro que las campañas pueden ser enérgicas, pero deben ceñirse estrictamente a la legalidad y evitar las calumnias que ensucien la percepción ciudadana sobre sus adversarios.
Con este fallo, el Instituto manda un mensaje preventivo a todas las fuerzas políticas, la crítica es válida, pero las acusaciones de corrupción en cadena nacional requieren un sustento que vaya más allá del eslogan de campaña.
