CAMBIANDO DE TEMA

Infonavit: despojos, millones y silencios desde Palacio Nacional

* Mientras miles de trabajadores esperan justicia por las viviendas arrebatadas mediante juicios irregulares, la administración de Octavio Romero Oropeza enfrenta cuestionamientos por contratos multimillonarios, adjudicaciones directas y posibles conflictos de interés, ante un gobierno federal obligado a garantizar transparencia y rendición de cuentas……

Por Karina A. Rocha Priego

El patrimonio perdido de miles de familias

En México, perder una vivienda puede significar perder el patrimonio construido durante décadas de sacrificios, pero cuando esa pérdida ocurre mediante procedimientos judiciales fraudulentos y con la intervención de quienes debían proteger los derechos de los trabajadores, el problema adquiere dimensiones de escándalo nacional, particularmente cuando el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reconoció que aproximadamente 373 mil derechohabientes fueron involucrados en juicios masivos y alrededor de 249 mil perdieron la propiedad de sus inmuebles, cifras que exhiben una historia de abusos institucionales cuyas consecuencias siguen reclamando justicia.

La mecánica denunciada resulta indignante, demandas tramitadas en juzgados alejados de los domicilios de los acreditados, notificaciones irregulares, procedimientos concentrados artificialmente y resoluciones emitidas sin garantizar una defensa efectiva, prácticas que permitieron arrebatar viviendas a familias que muchas veces desconocían la existencia de los litigios, mientras despachos jurídicos y participantes del sistema judicial intervenían en procedimientos que terminaron por convertir el derecho constitucional a una vivienda digna en una amarga experiencia de indefensión.

De los despojos a los contratos millonarios

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras continúa pendiente esclarecer cuántos afectados recuperaron efectivamente sus propiedades, Infonavit enfrenta nuevos cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos y de los trabajadores, ahora bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, antiguo responsable de Petróleos Mexicanos (el Fobaproa obradorista) y funcionario respaldado políticamente por la administración federal, cuya gestión debe someterse a una revisión rigurosa, especialmente después de investigaciones que identificaron adjudicaciones multimillonarias a empresas relacionadas con antiguos proveedores de Pemex.

Los señalamientos incluyen contratos de construcción por miles de millones de pesos, relaciones empresariales previas entre funcionarios y participantes en proyectos inmobiliarios, además de cuestionamientos sobre adjudicaciones directas y posibles conflictos de interés, circunstancias que obligan a explicar por qué determinadas compañías fueron seleccionadas, cuáles fueron los criterios técnicos y financieros utilizados y qué mecanismos independientes garantizaron que las decisiones respondieran exclusivamente al interés de los derechohabientes.

El silencio también tiene responsabilidades

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una responsabilidad política inevitable, garantizar que la promesa de combatir la corrupción no termine convertida en un discurso aplicable únicamente a funcionarios de administraciones anteriores, porque resulta insuficiente denunciar los fraudes heredados mientras las contrataciones actuales permanecen rodeadas de cuestionamientos que exigen respuestas documentales, auditorías independientes y explicaciones públicas, sin privilegios derivados de trayectorias compartidas, cercanía política o confianza presidencial, aunque es exatamente lo que hoy está sucediendo.

Por otro lado, Romero Oropeza ha rechazado señalamientos sobre su patrimonio y defendido públicamente su actuación, pero las declaraciones personales no sustituyen la revisión de contratos, beneficiarios finales, expedientes de adjudicación y eventuales vínculos empresariales, mucho menos cuando el instituto administra recursos vinculados con el ahorro de millones de trabajadores que tienen derecho a conocer detalladamente cómo se compromete su dinero.

¿Dónde quedaron los responsables?

Luego, viene la pregunta que ninguna administración debería evadir: cuántos funcionarios, abogados y participantes de los procedimientos fraudulentos fueron efectivamente sancionados, cuántas viviendas regresaron a sus propietarios y cuántas familias permanecen atrapadas entre expedientes judiciales, deudas y promesas oficiales, porque reconocer un fraude de dimensiones nacionales representa apenas el principio de una obligación institucional que solamente puede considerarse cumplida mediante restituciones verificables, reparación del daño y castigos conforme a derecho.

Pero “aún hay más”, porque ese fraude, no sólo se ha cometido contra los trabajadores afiliados al Infonavit, sino también aquellos medios de comunicación que fueron “utilizados” para difundir instrumentos “oficiales” a través de los cuales se daba a conocer el estatus de cada inmueble, de cada trabajador saqueado y sin que el trabajador estuviera enterado. Pero los medios fueron engañados y hoy son víctimas del multimillonario fraude cometido por Infonavit.

Sin embargo, los compromisos millonarios para construir vivienda social no deben convertirse en espacios de discrecionalidad administrativa, favoritismos empresariales o negocios políticamente convenientes.

La transformación bajo examen

Es sabido, miles de mexicanos tuvieron que defender durante años el patrimonio familiar frente a procedimientos judiciales irregulares, mientras hoy, se discuten contratos cuyo valor alcanza miles de millones de pesos, una diferencia que obliga a preguntarse si las prioridades institucionales realmente colocan al trabajador en el centro o si la transparencia continúa subordinada a decisiones tomadas desde las estructuras de poder.

Sheinbaum tiene y la obligación de demostrar que ninguna cercanía política representa inmunidad frente al escrutinio, ordenando transparencia plena y respaldando investigaciones independientes donde existan indicios suficientes, porque proteger la legalidad implica investigar tanto los abusos del pasado como cualquier irregularidad presente, sin excepciones ni condenas anticipadas.

Infonavit no necesita más discursos tranquilizadores, necesita casas restituidas, contratos transparentes, responsables sancionados y cuentas verificables, porque cuando el patrimonio de los trabajadores permanece bajo sospecha, la confianza presidencial jamás puede sustituir a la justicia. Es indigno que nadie haya metido las manos contra este millonario fraude.

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