El reciente informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha generado un profundo revuelo en México, al confirmar las denuncias de senadores del PRI y el PAN sobre una presunta alianza entre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como la 4T, y grupos criminales.
El documento, titulado “Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024”, revela la expansión de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la complicidad de militares y políticos mexicanos con estas organizaciones.
Senadores de oposición han destacado que este informe corrobora las denuncias realizadas durante las elecciones intermedias de 2021, donde se alertaba sobre una supuesta alianza entre el partido en el poder, Morena, y el crimen organizado.
Para Mario Zamora Gastélum, senador del PRI, este informe confirma lo que ya era un “secreto a voces” en México, evidenciando un “enorme involucramiento” del crimen en la política y las elecciones del país.
Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, ha enfatizado que el informe de la DEA confirma la consolidación del poder de los cárteles mexicanos, así como su influencia en territorio estadounidense.
Zepeda también ha expresado su preocupación por el señalamiento de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas y el Ejército, instando a una acción más contundente por parte del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, desde el partido oficialista, Morena, se ha desestimado el informe de la DEA como un movimiento “electorero”. José Narro, senador por Morena, ha instado a la agencia estadounidense a presentar pruebas concretas sobre sus afirmaciones, señalando que la información proporcionada es parcial y carece de la perspectiva completa de la situación en México.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, ha recordado informes anteriores de la DEA que han resaltado la fuerza de las organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos, así como su involucramiento en actividades como el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo. Mancera ha subrayado la gravedad de la inclusión del Ejército y la política mexicana en este último informe.
Este escándalo ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y ha puesto en tela de juicio la eficacia de sus medidas para combatir el crimen organizado.
Mientras tanto, la sociedad mexicana observa con preocupación cómo la alianza entre el poder político y el crimen continúa generando consecuencias devastadoras para el país, tanto en términos de seguridad como de integridad institucional.
