* El instituto prepara una contratación tecnológica para gestionar documentos y firmas electrónicas, mientras enfrenta necesidades financieras y médicas, sin que se conozcan públicamente el costo del proyecto, las empresas participantes ni los beneficios concretos para los derechohabientes……
Por Mireya Álvarez
Mientras miles de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios demandan mejores servicios médicos, medicamentos y atención opor tuna, el organismo abrió un nuevo procedimiento de contratación tecnológica que plantea interrogantes sobre sus prioridades presupuestales, los recursos que pretende comprometer y los resultados que obtendrá mediante esta inversión.
Se trata de la licitación pública nacional PNP/ISSEMYM/045/2026, publicada el pasado 19 de octubre, cuyo objetivo es contratar servicios informáticos para desarrollar una plataforma de gestión de documentos electrónicos y firma electrónica, una herramienta que po dría modernizar procedimientos administrativos, pero cuya justificación financiera y operativa requiere mayor claridad.
La convocatoria confirma la intención de contratar estos servicios, sin embargo, la información disponible no permite establecer el presupuesto total, identificar a las empresas participantes ni conocer los costos posteriores de mantenimiento, actualización y soporte técnico.
La modernización administrativa re sulta necesaria, pero adquiere espe cial importancia determinar si esta inversión atenderá problemas institucionales concretos o representará una nueva obligación económica para un organismo que enfrenta exigencias constantes de sus afiliados.
Tecnología bajo cuestionamiento presupuestal
El problema no consiste en incorporar herramientas digitales, sino en garantizar que su contratación responda a necesidades comprobables y no termine convertida en otro gasto administrativo cuyos beneficios sean difíciles de verificar.
El ISSEMYM debería explicar cuántos procedimientos pretende digitalizar, cuánto tiempo ahorrará, qué dependencias utilizarán la plataforma y cuáles serán los mecanismos para proteger la in-formación institucional.
También resulta indispensable conocer si existe infraestructura tecnológica previa que pudiera aprovecharse, qué garantías ofrecerá la empresa contratada y quién asumirá los costos adicionales durante los próximos años.
La ausencia de información detallada sobre estos aspectos impide evaluar anticipadamente la conveniencia económica del proyecto y exige mayor transparencia durante el procedimiento de adjudicación.
Mientras persistan necesidades de atención médica y financiamiento, cada contratación deberá demostrar su utilidad pública, porque modernizar oficinas no puede convertirse en una prioridad desligada de los problemas que enfrentan los derechohabientes.
La exigencia es clara: informar cuánto costará la plataforma, quién la desarrollará y qué beneficios verificables entregará al instituto y sus afiliados.
