El proceso electoral comenzó y las autoridades a nivel nacional afirman que no hay ningún “foco rojo” en materia de seguridad que pueda interferir; sin embargo, lo ocurrido en 2021 en el municipio de Jilotlán de los Dolores es ejemplo del riesgo latente en varias regiones del país.
Durante la pasada elección, el crimen organizado logró incidir a tal punto en la vida democrática de este municipio del sur de Jalisco, con poco menos de 10 mil habitantes, que la elección fue anulada; desde entonces se nombró un Concejo Municipal provisional mientras se convocaba a una nueva elección; no obstante, ésta nunca se realizó y con ello se continúan vulnerando los derechos políticos de los habitantes de este lugar, sin que ninguna autoridad intervenga, sentando un precedente preocupante para los procesos democráticos en la entidad, considera el especialista Marcos Francisco del Rosario Rodríguez.
Los últimos días de mayo de 2021, en plena campaña, las candidatas de PAN y MC a la presidencia municipal, Nora Cárdenas y María del Carmen Sandoval, respectivamente, hicieron pública su decisión de retirarse de la contienda por amenazas de la delincuencia organizada, y sólo quedó el candidato de Morena, José Manuel Cárdenas.
Ante la situación, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Social solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) suspender la votación municipal, pues con sólo una planilla en la contienda no existían condiciones para integrar de manera legal el ayuntamiento; la respuesta fue continuar con el proceso bajo el argumento de no tener facultades para suspenderlo.
El 6 de junio, día de la votación, por cuestiones de seguridad no se instalaron cinco casillas en las comunidades de Jilotlán que colindan con la Tierra Caliente michoacana; aun así se emitieron mil 480 sufragios en el municipio y el candidato de Morena obtuvo la mayoría (mil 36); el IEPC validó la elección, pero decretó imposibilidad jurídica para conformar el Cabildo.
Para el 12 de agosto el Tribunal Electoral del estado anuló el proceso y pidió al Congreso local convocar a comicios extraordinarios; en tanto, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó designar un Concejo Municipal que gobernaría provisionalmente.
Tras una negociación de los partidos políticos para designar a quienes integran el concejo, éste fue nombrado el 30 de septiembre por el Congreso del estado y un día después renunciaron a sus cargos la concejal presidente, Ana Cristina Enríquez, y la concejal síndico, Carmen Torres. Ya en funciones, el resto de concejales eligió a los suplentes y nombraron a Huber Ortega como concejal presidente.
El 27 de mayo de 2021, el gobierno de Jalisco abordó la renuncia de las candidatas del PAN y MC, y aunque pidió a la Federación investigar el caso, aseguró que no se trataba de un asunto de inseguridad.
“En Jilotlán de los Dolores no hay problemas de inseguridad pública, así lo muestran los distintos reportes de incidencia delictiva que se analizan semana a semana en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad. Como prueba de ello, en todo el año 2019 sólo se cometieron nueve delitos en el municipio, durante 2020 la incidencia alcanzó los 16 delitos, y en lo que va de 2021 sólo se han cometido dos; en Jilotlán lo que existe es el riesgo de que grupos de la delincuencia organizada buscan incidir en el proceso electoral”, señaló entonces.
