* Los inconformes indican que alrededor de 15 mil extrabajadores en la entidad resultarían afectados por la reforma constitucional; demandan eliminar el transitorio que limita sus percepciones y advierten que mantendrán las protestas si no son escuchados……
Por Mireya Álvarez
Con pancartas y reclamos contra lo que consideran un atropello a sus derechos laborales, jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaron por tercera ocasión al Congreso del Estado de México para exigir que se revierta la reforma constitucional que redujo sus pensiones hasta un límite equivalente al 50 por ciento del salario de la presidenta de México.
Los inconformes demandaron a los diputados mexiquenses intervenir ante el Congreso de la Unión y promover la eliminación del segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, aprobada el pasado 10 de abril, al considerar que la disposición vulnera prestaciones que obtuvieron después de décadas de trabajo y que cuentan con reconocimiento legal.
José Antonio Albarrán Cruz, extrabajador de la CFE con 30 años de servicio, acusó que la modificación legislativa se procesó de manera acelerada, pues en apenas siete días obtuvo el respaldo de los 32 congresos estatales, sin que existiera, desde su perspectiva, una revisión suficiente de sus consecuencias para los jubilados.
El representante de los manifestantes sostuvo que no existe una justificación técnica ni financiera para imponer el nuevo límite, debido a que las obligaciones pensionarias de empresas públicas como CFE, Luz y Fuerza, Petróleos Mexicanos y organismos de la banca de desarrollo ya estaban contempladas dentro de sus compromisos presupuestales.
De acuerdo con sus estimaciones, la medida impactaría a aproximadamente 94 mil extrabajadores en el país, de los cuales alrededor de 15 mil radican en el Estado de México. En el Valle de Toluca, calculó que son cerca de 500 personas las que enfrentan esta situación.
Asimismo, Albarrán Cruz denunció que la disposición desconoce derechos adquiridos después de trayectorias laborales que, en muchos casos, abarcaron entre 25 y 40 años, y expuso que las mujeres jubiladas generalmente acumularon entre 25 y 30 años de servicio, mientras que numerosos hombres superaron las tres décadas. Incluso mencionó el caso de un extrabajador que laboró durante 53 años y actualmente utiliza silla de ruedas.
“Fue una reforma fast-track. En semana y media ya tenían el resultado y afectaron derechos legalmente adquiridos”, reclamó, al cuestionar el procedimiento legislativo y las consecuencias de la modificación.
Ante este escenario, los jubilados solicitaron que el Poder Legislativo mexiquense emita un exhorto dirigido a los legisladores federales para que revisen la reforma y retiren el transitorio que establece las nuevas restricciones a sus pensiones.
Aunado a ello, los inconformes aseguraron que ya entregaron documentos a los coordinadores de los grupos parlamentarios y cuentan con el acuse de recepción, y ahora buscan que se abra una mesa de diálogo donde puedan exponer sus argumentos y obtener una respuesta de los representantes populares.
Aunque les informaron que podrían recibir una audiencia en un plazo máximo de dos semanas, advirtieron que no dejarán de movilizarse si sus demandas continúan sin atención.
La exigencia, insistieron, es que se respete el régimen pensionario bajo el cual prestaron sus servicios y que una modificación constitucional no termine reduciendo los ingresos que consideran legítimamente ganados después de décadas de trabajo.
