La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su respaldo a decenas de impartidores de justicia en activo y en retiro forzado que enfrentan investigaciones administrativas por el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con la representación gremial, existen al menos 20 procedimientos disciplinarios en trámite ante el Tribunal de Disciplina Judicial que comparten como antecedente haber concedido suspensiones o sentencias de amparo contra la Reforma Judicial.
La directiva del organismo expresó su preocupación por el uso de mecanismos disciplinarios vinculados con el sentido de las resoluciones emitidas. En ese sentido, señaló que la independencia judicial exige que los fallos sean revisados únicamente por las vías legales correspondientes, sin convertir la labor de juzgar en motivo de presión o intimidación.
Entre los expedientes expuestos se encuentra el caso de la exjueza María Gabriela Ruiz Márquez, del estado de Jalisco, a quien se le admitió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por dictar una sentencia en el juicio de amparo 1338/2024, promovido por trabajadores del Poder Judicial.
Un antecedente similar involucra a la jueza Martha Eugenia Magaña López, quien enfrentó señalamientos y denuncias tras haber dictado medidas cautelares dentro del proceso legislativo relacionado con la citada reforma constitucional.
El pronunciamiento sostiene que sancionar a juzgadores por examinar la constitucionalidad de un proceso legislativo transgrede los estándares internacionales de garantías judiciales y convierte a las instancias de disciplina en tribunales de revisión ideológica y política.
Además de los expedientes administrativos, el gremio reportó la presentación de denuncias penales contra juzgadores por emitir resoluciones contrarias a la Reforma Judicial o por inaplicar la prisión preventiva oficiosa en acatamiento a sentencias internacionales.
Para la directiva de la JUFED, recurrir a herramientas disciplinarias busca generar un clima de autocensura e intimidación dentro de la judicatura, en lugar de corregir los problemas estructurales del modelo impuesto.
Finalmente, la asociación reiteró que la función jurisdiccional requiere protección contra represalias y confirmó que mantendrá la defensa de los derechos de los juzgadores afectados.
