* Recorridos exhiben rezago y carencias en tribunales mexiquenses……
Mireya Álvarez
Lo que fue presentado como un ejercicio institucional de supervisión terminó por confirmar lo que miles de trabajadores ya saben, el sistema de justicia laboral en el Estado de México arrastra rezagos estructurales, carencias operativas y una sobrecarga que pone en duda su capacidad para garantizar resoluciones oportunas, el recorrido encabezado por Héctor Macedo García no solo evidenció áreas de mejora, dejó al descubierto un aparato judicial que opera al límite y que sigue lejos de responder con eficacia a la demanda social.
Diagnóstico que llega tarde
Las visitas realizadas en Toluca y Tlalnepantla, en las que se revisaron salas de audiencia, áreas administrativas y oficinas, confirmaron que el problema no es reciente ni menor, la carga de trabajo desbordada, la falta de personal suficiente y las condiciones laborales del propio sistema judicial reflejan años de rezago acumulado que no se resuelve con recorridos ni discursos, sino con decisiones estructurales que hasta ahora han sido postergadas.
El hecho de que sea necesario “identificar áreas susceptibles de mejora” revela una desconexión preocupante entre la realidad cotidiana de los tribunales y la planeación institucional, porque mientras las autoridades reconocen necesidades, los expedientes se acumulan y los tiempos de resolución se prolongan, afectando directamente a quienes dependen de la justicia laboral para resolver conflictos que impactan su sustento.
Tecnología como promesa recurrente
Entre las propuestas planteadas destaca la implementación de herramientas tecnológicas e incluso el uso de inteligencia artificial como apoyo en tareas jurisdiccionales, una narrativa que se repite constantemente en distintas instituciones, pero que rara vez se traduce en soluciones concretas para los problemas de fondo, porque digitalizar procesos sin resolver la falta de personal o la saturación de casos no garantiza eficiencia, solo maquilla deficiencias.
El riesgo es evidente, apostar por la tecnología como solución central puede desviar la atención de las fallas estructurales, generando una ilusión de modernización mientras persisten prácticas burocráticas, tiempos prolongados y una atención limitada para los usuarios, quienes siguen enfrentando obstáculos para acceder a una justicia pronta y efectiva.
Rezago familiar, herida abierta
La visita al Juzgado Octavo Familiar dejó en claro que el rezago en esta área sigue siendo una de las mayores deudas del sistema judicial mexiquense, lejos de representar un caso aislado, es el reflejo de una problemática extendida donde los conflictos familiares, que requieren atención inmediata por su impacto social, quedan atrapados en procesos lentos y saturados.
Reconocer el problema es apenas el primer paso, pero la reiteración de diagnósticos sin soluciones concretas alimenta la percepción de ineficiencia institucional, especialmente cuando se trata de casos que involucran derechos fundamentales, donde la demora no solo es administrativa, sino profundamente humana.
Cercanía que no resuelve
Durante los recorridos, se promovió el diálogo con personal judicial y usuarios del sistema, una práctica que, aunque necesaria, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, escuchar inquietudes no sustituye la urgencia de transformar un sistema que muestra signos claros de desgaste.
La presencia de jueces y magistrados en distintas sedes, incluyendo Xonacatlán y Naucalpan, permitió recoger testimonios y planteamientos, pero también evidenció la distancia entre la operación diaria y la toma de decisiones, donde las soluciones suelen quedarse en el plano de la intención, mientras la realidad continúa imponiendo límites.
El sistema de justicia laboral en el Estado de México enfrenta un momento crítico, donde los recorridos institucionales, lejos de mostrar avances, terminan por exhibir un modelo que requiere cambios profundos, no solo ajustes administrativos, la saturación de expedientes, la falta de recursos humanos y la apuesta reiterada por soluciones parciales reflejan una estructura que no ha logrado adaptarse a las necesidades actuales.
En este contexto, insistir en diagnósticos sin ejecutar transformaciones de fondo prolonga un problema que impacta directamente en la vida de miles de trabajadores, quienes ven en los tribunales no una solución, sino un proceso incierto, lento y, en muchos casos, inaccesible.
Porque mientras se habla de modernización, eficiencia y cercanía, la justicia laboral sigue atrapada en sus propios límites, operando con inercias que impiden avanzar, en un sistema que parece más enfocado en administrarse a sí mismo que en resolver con oportunidad los conflictos que le dan sentido, dejando en claro que el verdadero reto no es identificar las fallas, sino tener la voluntad de corregirlas de manera efectiva y urgente.
