Por Karina A. Rocha Priego
Esta semana que inicia, podría marcar un punto de quiebre para la política del Estado de México, no porque las instituciones hayan decidido actuar con firmeza por convicción propia, sino porque la acumulación de escándalos, ambiciones y omisiones ya resulta imposible de ocultar, el caso del alcalde de Metepec, movimientos internos de Morena, reforma electoral local, decisiones del IEEM y reacomodos en municipios estratégicos exhiben un escenario donde la disputa por el poder avanza más rápido que la rendición de cuentas.
Metepec, el expediente incómodo
La resolución judicial sobre el caso del presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, será uno de los temas centrales, porque no se trata únicamente de un conflicto personal o familiar, como algunos han intentado presentarlo, sino de un asunto que toca directamente el uso del poder público, la presencia de escoltas, el posible empleo de recursos oficiales y la responsabilidad de un alcalde que, en lugar de aclarar con transparencia, ha quedado atrapado entre versiones, justificaciones y silencios.
Si el Poder Judicial actúa con independencia, el caso podría convertirse en una señal importante frente a los abusos cometidos desde los municipios, pero si prevalece la lógica del arreglo político, del amparo oportuno y de la protección institucional, el mensaje será devastador, en el Estado de México cualquiera con cargo, patrulla, escolta y poder puede colocarse por encima de los ciudadanos.
Metepec no sólo enfrenta un problema legal, enfrenta una crisis de credibilidad, porque cuando un alcalde llega a los tribunales, aunque sea con discurso de inocencia, el daño político ya está hecho, y más grave aún, cuando la ciudadanía percibe que la autoridad municipal actúa con prepotencia, se protege con recursos legales y pretende seguir gobernando como si nada hubiera ocurrido.
Morena y la pelea por el botín
Mientras tanto, Morena en el Estado de México comienza a mover sus piezas rumbo a 2027, aunque oficialmente nadie acepta estar en campaña, todos actúan como si la elección fuera mañana, los grupos internos empiezan a medir fuerza, colocar nombres, disputar territorios y anticipar candidaturas, demostrando que el movimiento que prometió transformar la vida pública terminó reproduciendo muchas de las prácticas que antes criticaba.
El gran riesgo para Morena no está sólo en la oposición, está dentro de sus propias filas, en la lucha entre tribus, en acuerdos cupulares, en la imposición de perfiles sin arraigo y en la protección de personajes cuestionados que, bajo el cobijo de la marca guinda, pretenden reciclarse políticamente.
El discurso de austeridad, honestidad y cercanía con el pueblo empieza a desgastarse cuando los ciudadanos observan gobiernos municipales rebasados, funcionarios arrogantes, alcaldes envueltos en escándalos y aspirantes más preocupados por aparecer en encuestas que por resolver problemas de seguridad, agua, movilidad, basura o servicios públicos.
Reforma electoral bajo sospecha
La integración de la reforma electoral local será otro punto clave, porque toda reforma que se discute antes de una elección debe revisarse con lupa, en especial cuando quienes modifican las reglas son los mismos actores que competirán bajo esas reglas.
En el discurso se hablará de modernización, eficiencia, reducción de gastos y fortalecimiento democrático, pero en los hechos habrá que preguntar si la reforma busca mejorar la representación ciudadana o facilitar el control político del proceso electoral.
Los cambios en integración de ayuntamientos, reglas de competencia, tiempos electorales, fiscalización y posibles restricciones contra nepotismo pueden sonar positivos, pero si no van acompañados de sanciones reales, vigilancia efectiva y transparencia, terminarán siendo letra muerta.
El Estado de México no necesita una reforma electoral cosmética, necesita reglas que impidan la simulación, el uso de recursos públicos, la compra de lealtades, el acarreo, la propaganda disfrazada y la promoción anticipada de servidores públicos que llevan meses caminando municipios con cargo al presupuesto y sin resolver lo que verdaderamente preocupa al pueblo.
IEEM, prueba de fuego
El Instituto Electoral del Estado de México tendrá una responsabilidad enorme rumbo al proceso de 2027, porque se perfila una elección de dimensiones históricas, con miles de candidaturas, una competencia feroz y una presión política creciente sobre el árbitro electoral.
Las definiciones del IEEM serán observadas con desconfianza, no por capricho, sino porque la ciudadanía ha visto demasiadas veces cómo los órganos electorales terminan atrapados entre intereses partidistas, cuotas políticas y decisiones tibias.
El instituto deberá demostrar que no será una oficina administradora de acuerdos, sino una autoridad capaz de poner límites, sancionar excesos, fiscalizar recursos y garantizar condiciones parejas, de lo contrario, el proceso electoral podría arrancar contaminado por la inequidad antes de que siquiera inicie formalmente.
La gran pregunta es si el IEEM tendrá fuerza suficiente para enfrentar a partidos, gobiernos, alcaldes, diputados y aspirantes que ya se mueven con evidente intención electoral, o si simplemente esperará a que todo se desborde para después emitir llamados tímidos a la legalidad.
Municipios en reacomodo
Los posibles reacomodos políticos en municipios estratégicos como Metepec, Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl muestran que la batalla de 2027 ya comenzó en el territorio.
Metepec se ha convertido en un foco rojo por el desgaste de su alcalde; Toluca sigue siendo una plaza codiciada por su peso político y administrativo; Naucalpan y Tlalnepantla representan piezas clave del Valle de México, Ecatepec continúa siendo el municipio electoralmente más pesado y Nezahualcóyotl mantiene una relevancia histórica para cualquier proyecto político estatal.
En todos estos municipios habrá rupturas, traiciones, alianzas inesperadas y reciclaje de personajes, porque en la política mexiquense la memoria suele ser corta, los partidos perdonan rápido y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias de candidaturas pactadas en escritorios.
Lo más preocupante es que los reacomodos no parecen estar motivados por proyectos de gobierno, sino por cálculos de rentabilidad electoral, quién garantiza votos, quién controla estructuras, quién puede financiar campañas, quién conserva operadores y quién tiene respaldo de grupos de poder.
El poder antes que la gente
Ahora, no sólo definirán expedientes, nombres o reformas, también mostrará hasta dónde llega la descomposición política en el Estado de México.
Mientras la ciudadanía exige seguridad, servicios, justicia, movilidad y gobiernos honestos, la clase política parece concentrada en sobrevivir escándalos, acomodarse en candidaturas, modificar reglas y blindar intereses.
La próxima semana será una prueba para la justicia, para Morena, para el Congreso, para el IEEM y para los municipios estratégicos, pero sobre todo será una prueba para la ciudadanía, que deberá observar con atención quién pretende rendir cuentas y quién sólo busca llegar impune a la siguiente elección.
