Por Karina A. Rocha Priego
La política suele tener una habilidad notable para convertir las coincidencias en simples casualidades y las relaciones incómodas en asuntos que nadie quiere explicar, pero cuando varios nombres, cargos y negocios comienzan a aparecer una y otra vez alrededor de los mismos personajes, lo menos que puede exigirse es transparencia, y eso es precisamente lo que hoy necesita el Gobierno del Estado de México ante las versiones, investigaciones periodísticas y denuncias que colocan al entorno de Amílcar Olán Aparicio cada vez más cerca del círculo político que rodea a la administración de Delfina Gómez Álvarez.
Conviene dejar algo claro desde el principio, si bien hasta ahora no existe evidencia documental suficiente para sostener que Amílcar Olán haya recibido directamente contratos del gobierno mexiquense, tampoco sería serio ignorar la red de relaciones políticas y empresariales que aparece alrededor de personajes que hoy ocupan posiciones fundamentales dentro del gabinete estatal.
El camino resulta demasiado visible para simplemente mirar hacia otro lado: Amílcar Olán, Andy López Beltrán, el entorno de la administración federal anterior, Horacio Duarte Olivares y, finalmente, el gobierno que encabeza Delfina Gómez.
El puente se llama Horacio Duarte
Horacio Duarte no es un funcionario menor dentro del gobierno estatal, es el secretario general de Gobierno, el responsable político más importante después de la propia gobernadora y uno de los hombres que históricamente han formado parte de su círculo de mayor confianza.
También fue titular de la Agencia Nacional de Aduanas entre 2020 y 2022, precisamente durante un periodo que hoy aparece bajo escrutinio por distintas investigaciones y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el sistema aduanero, contrabando de hidrocarburos, tráfico de influencias y redes empresariales vinculadas con personajes cercanos al poder federal.
Duarte ha rechazado acusaciones en distintos momentos y ninguna denuncia equivale a una sentencia, pero el problema político comienza cuando el funcionario que ocupa uno de los cargos más importantes del Estado de México aparece mencionado dentro de una trama que sigue acumulando preguntas.
El asunto dejó de ser solamente una historia nacional desde el momento en que Duarte regresó al Estado de México, operó políticamente para Delfina Gómez y posteriormente fue colocado al frente de la Secretaría General de Gobierno.
Eso convierte cualquier investigación sobre su paso por Aduanas en un asunto de interés directo para los mexiquenses.
Amílcar, Andy y los negocios alrededor del poder
Amílcar Olán ha sido identificado públicamente como amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, y su nombre se hizo conocido por los contratos obtenidos por empresas relacionadas con él en distintas entidades.
Los hijos del expresidente reconocieron conocerlo, aunque rechazaron haber intervenido para favorecerlo en contrataciones públicas.
El problema político no está únicamente en la amistad, nadie comete un delito por conocer a otra persona, la verdadera pregunta es si esas relaciones personales terminaron convirtiéndose en redes de influencia capaces de abrir puertas dentro de gobiernos, dependencias y procesos de contratación y es ahí donde resulta indispensable mirar hacia el Estado de México.
Porque las investigaciones periodísticas han comenzado a mencionar no solamente a Duarte Olivares, sino también a otros personajes cercanos al poder estatal y a empresarios que han sido vinculados con operadores del entorno de Andy López Beltrán.
No existe todavía una prueba que permita establecer que dinero de Amílcar Olán haya llegado del gobierno mexiquense, pero hay suficientes nombres alrededor como para justificar una revisión profunda.
No basta con buscar un apellido
Sería ingenuo pensar que una investigación de esta naturaleza puede resolverse escribiendo “Amílcar Olán” en el buscador de contratos públicos.
Las redes empresariales funcionan precisamente mediante razones sociales, socios, representantes, apoderados, compañías relacionadas, cambios de domicilio y empresas utilizadas para participar en licitaciones distintas.
Por eso el verdadero trabajo tendría que comenzar revisando compañías como Rome-dic, Triturados Basálticos del Sur, Euro-ceramic, FMedical, Aspen y todas aquellas sociedades relacionadas con empresarios que han sido mencionados alrededor de este grupo.
Después habría que cruzar esos nombres con las contrataciones realizadas desde septiembre de 2023 por Oficialía Mayor, Finanzas, Salud, Movilidad, Junta de Caminos, CAEM y SAASCAEM y no para fabricar culpables, sino para encontrar documentos.
Porque una administración que presume combatir la corrupción debería ser la primera interesada en demostrar que ninguna red empresarial cercana a grupos políticos externos ha encontrado privilegios dentro del Estado de México.
El silencio también tiene costo
Delfina Gómez llegó al poder prometiendo una transformación después de casi un siglo de gobiernos priistas, por eso el estándar que debe aplicarse a su administración no puede ser menor al que Morena exigió durante años a sus adversarios.
Si existe una investigación que toca a integrantes de su gabinete, la respuesta no debería ser descalificarla ni esperar a que el escándalo crezca, estarán de acuerdo en que, lo correcto, sería abrir contratos, padrones de proveedores, expedientes de adjudicación, beneficiarios finales y vínculos societarios.
Horacio Duarte Olivares tendrá además que explicar, política y públicamente, cualquier señalamiento relacionado con su etapa en Aduanas y si no existe ninguna conexión económica con Amílcar Olán, que los documentos lo demuestren.
Porque hoy, el problema no es afirmar que Amílcar contrató con Delfina Gómez, el problema es que demasiados hilos políticos parecen acercarse al mismo lugar y cuando los hilos comienzan a tocar las puertas del poder, lo peor que puede hacer un gobierno es fingir que no existen.
