La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuestionó el citatorio del Senado para comparecer por el caso de agentes extranjeros y afirmó que algunos de los legisladores que impulsaron su llamado estarían incluidos en una “lista roja” del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La declaración surge en medio de la controversia por los señalamientos de autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.
La mandataria estatal explicó su postura frente a la convocatoria legislativa, cuestionando la legitimidad de quienes promovieron su comparecencia.
Campos señaló que no considera viable acudir a una reunión convocada por actores políticos que, según afirmó, enfrentan señalamientos internacionales, lo que ha intensificado el debate político.
“¿Cómo iba a ir yo ha comparecer o a una reunión de trabajo en el Senado, quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer, pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos, vámonos dando cuenta quién es quién”, expresó la gobernadora.
El posicionamiento de la gobernadora se da luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a diversos funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado tensión política y reacciones en distintos niveles de gobierno.
Entre los nombres mencionados se encuentra el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien previamente había solicitado juicio político contra la mandataria de Chihuahua y el fiscal estatal.
“Se podría dar lugar a la configuración del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que se persigue de oficio y cuya sanción es de cinco a 40 años de prisión”, dijo Inzunza contra la gobernadora de Chihuahua, antes de ser señalado por Estados Unidos.
