Por Mireya Álvarez
La Magistrada Nancy Flores Mendoza, titular del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de México, anunció el inicio de actividades de este nuevo órgano jurisdiccional con un enfoque centrado en la prevención de faltas administrativas y la vigilancia del desempeño de jueces y magistrados, especialmente aquellos que fueron electos por voto popular el pasado 1 de junio.
Flores Mendoza detalló que el Tribunal no parte desde cero, ya que recibirá expedientes previamente analizados por el Consejo de la Judicatura, los cuales serán revisados bajo principios de respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
“Vamos a estar muy al pendiente de nuestros servidores públicos jurisdiccionales para que cumplan correctamente su labor conforme a la Ley Orgánica, el Código de Ética y el Código de Disciplina”, afirmó.
Uno de los principales retos que asumirá el Tribunal será la evaluación de los jueces y magistrados que accedieron a sus cargos mediante elección popular, una medida establecida en la reciente reforma al Poder Judicial. De acuerdo con la Ley Orgánica, estos funcionarios deberán someterse a un proceso de evaluación que debe realizarse entre los 90 días y hasta un año después de su toma de protesta.
La magistrada explicó que ya se ha conformado un comité de evaluación que aplicará una revisión cuantitativa y cualitativa, considerando desde conocimientos jurídicos hasta el desempeño en audiencias y, de forma destacada, la actitud hacia la ciudadanía.
“No se trata solo de saber derecho, sino de cómo se conducen ante los ciudadanos, cómo entienden a quienes los eligieron. Eso también forma parte de su evaluación”, explicó.
En caso de que un juez o magistrado no apruebe la evaluación, se le enviará a un programa de capacitación de hasta un año, durante el cual será separado de funciones jurisdiccionales. La magistrada aclaró que, en este periodo, no dictarán resoluciones para no poner en riesgo el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Para suplir temporalmente estas vacantes, se prevé habilitar secretarios de juzgado u otras figuras capacitadas, quienes asumirán provisionalmente las funciones jurisdiccionales.
“No vamos a exponer a los justiciables a decisiones fuera del marco legal. Vamos a estar atentos a cada detalle”, enfatizó.
Si después del año de capacitación el evaluado no logra superar el segundo proceso, el Tribunal deberá poner el caso a disposición de la Legislatura local para que se inicie el procedimiento de remoción del cargo.
La titular del Tribunal de Disciplina fue clara al señalar que las evaluaciones únicamente aplican a los jueces que accedieron al cargo por elección popular en junio de 2025, y no a quienes están por concluir su periodo.
Más allá de su función sancionadora, la magistrada subrayó que el objetivo del Tribunal de Disciplina es prevenir conductas indebidas en el Poder Judicial. Para ello, se implementarán revisiones periódicas a los órganos jurisdiccionales y se prestará especial atención a las denuncias ciudadanas.
“Nos interesa que la ciudadanía sepa que este Tribunal no es de papel. Estamos aquí para garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con integridad, profesionalismo y total respeto a los derechos de todos”, concluyó.
