Por Karina A. Rocha Priego
Simulación oficial frente a violencia real
En Metepec la seguridad no es una política pública, es una puesta en escena, un discurso hueco cuidadosamente administrado desde el poder municipal para simular control mientras, en la vida real, la violencia organizada avanza con total impunidad, en la zona residencial del municipio opera desde hace tiempo una banda integrada por al menos 50 sujetos de origen venezolano, hombres y mujeres, divididos en tres células dedicadas al robo con violencia a casa habitación, y lo hacen con tal conocimiento del territorio que resulta imposible no preguntarse quién les abrió la puerta, quién los protege y quién decidió mirar hacia otro lado.
Una maquinaria criminal que actúa con método y brutalidad
No se trata de rumores aislados ni de exageraciones vecinales, lo que circula entre víctimas y personas cercanas a las investigaciones, describe una estructura criminal sólida, constante y metódica, una maquinaria delictiva que estudia rutinas, identifica casas, mide tiempos y entra a los domicilios con una violencia desmedida, en estos asaltos no sólo se roba patrimonio, se destruyen familias, se deja a mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños golpeados, sometidos, humillados y traumatizados, varios de ellos con lesiones tan graves que han tenido que ser trasladados a hospitales, y aun así el gobierno municipal insiste en vender la idea de que “se avanza” en seguridad.
Detenciones mínimas y resultados inexistentes
La respuesta institucional es insultante, se presume la detención de unos cuantos integrantes, como si eso fuera un logro, como si capturar a cinco o seis de una red de más de 50, significara algo más que una burla para las víctimas, detener a cinco no desmonta tres células criminales, no frena la violencia, no devuelve la tranquilidad, sólo sirve para inflar discursos, alimentar boletines y sostener una narrativa oficial que no resiste el menor contraste con la realidad que se vive en los fraccionamientos residenciales.
La sospecha de colusión y la red que nadie quiere tocar
Lo verdaderamente grave es lo que se comenta con miedo, pero con insistencia, la probable colusión de policías y autoridades municipales con estas células delictivas, ya sea por complicidad directa, por omisiones deliberadas o por filtraciones de información, cuando una banda actúa durante tanto tiempo, con tanta precisión y con consecuencias tan mínimas, la sospecha deja de ser incómoda y se vuelve inevitable, más aun cuando se señala como “común denominador” de algunos de los asaltos (si no es que en todos) a una empresa de seguridad privada denominada Astros, Protección y Custodia, S.A. de C.V., cuyos elementos supuestamente están para cuidar, no para facilitar el delito, la ausencia de investigaciones claras y públicas sobre este punto no es casualidad, es negligencia o encubrimiento.
Sigilo impuesto como política de control
El patrón posterior a cada asalto es todavía más indignante, las víctimas buscan ayuda y entonces aparece el verdadero rostro de la estrategia municipal, el silencio impuesto, varias personas han señalado que fueron apercibidas para mantener sus casos en sigilo, con el pretexto de no entorpecer investigaciones que no avanzan, ese sigilo no ha servido para capturar a los responsables ni para evitar nuevos ataques, ha servido para tapar la realidad, para evitar que la sociedad conozca la magnitud del problema y para proteger una imagen política que ya está rota.
Denunciar como riesgo y la amenaza de la venganza
El mensaje que reciben los ciudadanos es brutal y cobarde, se les pide callar por su propio bien, se les advierte que denunciar es peligroso, porque cuando hay detenidos, las autoridades minimizan los hechos diciendo que el delito no es grave, abriendo la puerta a liberaciones rápidas, y entonces aparece el miedo más profundo, el miedo a la venganza, delincuentes que salen en poco tiempo y regresan a las mismas casas que ya asaltaron, ahora con más información, más odio y la certeza de que el Estado no está del lado de las víctimas.
El Estado como factor de riesgo y no de protección
Esta lógica criminalizada desde el poder coloca a la ciudadanía en una trampa, callar para sobrevivir o denunciar y exponerse, el Estado, que debería ser garante de seguridad y justicia, se convierte en un factor de riesgo, mientras tanto, el discurso oficial sigue hablando de cámaras, de operativos, de coordinación y de cercanía con la gente, palabras vacías que se desmoronan frente a quienes han sido amagados, golpeados y abandonados dentro de su propia casa.
Opacidad, negación y una crisis de credibilidad
El contraste ya no es sólo evidente, es obsceno, en actos públicos se presume tecnología e inteligencia operativa, pero en la práctica, una banda extranjera ampliamente identificada sigue robando, lesionando y aterrorizando, el problema no es únicamente la existencia del crimen organizado, el problema es la decisión política de no reconocerlo, de no nombrarlo y de no asumir el costo de enfrentarlo de verdad, no hay cifras claras, no hay balances completos, no hay transparencia, la opacidad no es un descuido, es una estrategia, mientras no se mida el problema, no existe oficialmente, mientras no exista, no hay responsables.
Heredar el poder mientras se hereda el silencio
Metepec no enfrenta sólo a una banda criminal, enfrenta una crisis profunda de credibilidad, una ruptura total entre el discurso del gobierno municipal y la vida real de sus habitantes, pedir sigilo a víctimas golpeadas, minimizar delitos violentos y presumir avances tecnológicos mientras el miedo se normaliza, no es gobernar, es administrar la mentira, y mientras se esconde bajo la alfombra la violencia que azota a la zona residencial, la administración municipal parece más preocupada por construir herencias políticas, promocionando la imagen de Iraí Albarrán Segura, presidenta del DIF municipal, como futura candidata a la alcaldía, una práctica vieja y cínica en la política mexiquense, aquí no sólo se heredan cargos, se pretende heredar el silencio, la impunidad y el abandono, en Metepec el problema no es sólo el crimen que entra a las casas, es el poder que decide protegerse a sí mismo mientras obliga a la ciudadanía a callar.
