* Junto con organizaciones y colectivas feministas, resaltaron que la gravedad de la violencia feminicida en el país necesita respuesta de altura……
Por Martha Romero
Ley sin ejecución, promesa vacía
La presentación de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reabre un debate que, lejos de ser nuevo, exhibe una deuda estructural del Estado mexicano, la distancia entre el discurso legal y la realidad que enfrentan miles de mujeres, una brecha que no se cierra con más normas, sino con voluntad política y capacidad institucional para hacerlas cumplir.
Un país saturado de leyes ineficaces
El señalamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de diversas organizaciones no es menor, México no carece de leyes, protocolos o estándares, carece de aplicación efectiva, el problema no radica en la ausencia de instrumentos jurídicos, sino en su incumplimiento sistemático, en la simulación institucional que convierte cada nueva iniciativa en un gesto político antes que en una solución tangible.
La insistencia en crear nuevos marcos normativos sin evaluar a fondo por qué los existentes fallan, revela una práctica recurrente, legislar para aparentar acción, mientras la impunidad se mantiene intacta, el feminicidio no persiste por vacíos legales, sino por negligencia, corrupción, falta de perspectiva de género y debilidad en las investigaciones, factores que ninguna ley por sí sola puede erradicar.
Violencia feminicida, entre la retórica y la omisión
En un país donde la violencia contra las mujeres alcanza niveles alarmantes, la respuesta institucional sigue siendo fragmentada y, en muchos casos, indiferente, las familias enfrentan procesos largos, revictimizantes y marcados por la impunidad, donde la justicia no solo tarda, sino que muchas veces no llega.
Las investigaciones deficientes, la pérdida de evidencias, la falta de capacitación de las autoridades y la persistente discriminación institucional, continúan obstaculizando el acceso a la justicia, mientras tanto, el discurso oficial insiste en avances que no se reflejan en la vida cotidiana de las víctimas ni en la reducción efectiva de los feminicidios.
La tipificación del feminicidio, concebida como un avance para incorporar la perspectiva de género, no ha logrado traducirse en investigaciones sólidas ni en sentencias contundentes, lo que evidencia que el problema es estructural, no normativo
Revictimización como política no escrita
Uno de los aspectos más críticos señalados por las organizaciones es la constante revictimización, una práctica que se ha normalizado en los procesos judiciales, diferimiento de audiencias, dilación de procedimientos, reposición de juicios y presión para aceptar salidas abreviadas, forman parte de un sistema que desgasta a las víctimas y beneficia a los agresores.
Esta dinámica no solo vulnera los derechos de quienes buscan justicia, también envía un mensaje claro, el sistema no está diseñado para proteger a las víctimas, sino para sostener una burocracia que posterga decisiones y diluye responsabilidades, la violencia institucional se suma así a la violencia feminicida, ampliando el daño y perpetuando la impunidad.
Sin presupuesto no hay justicia
Otro punto central es la falta de recursos, cualquier ley que no contemple presupuesto suficiente está condenada al fracaso, la procuración de justicia requiere inversión en capacitación, infraestructura, tecnología y personal especializado, sin estos elementos, la ley se convierte en un documento más sin impacto real.
Además, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas permite que las instituciones operen sin consecuencias ante sus fallas, la impunidad no solo protege a los agresores, también a quienes, desde el aparato institucional, incumplen su deber.
La exclusión de las voces expertas
Las organizaciones han sido claras, cualquier nueva legislación debe construirse con la participación de quienes conocen de primera mano la problemática, víctimas, familiares, defensoras y sociedad civil, excluir estas voces no solo debilita la propuesta, también reproduce un modelo vertical que ha demostrado ser ineficaz.
El conocimiento acumulado por años de acompañamiento, denuncia y exigencia, no puede seguir siendo ignorado, construir políticas públicas sin esta experiencia es repetir errores y desperdiciar aprendizajes que han costado vidas.
Una oportunidad que exige autocrítica
El debate abierto por esta iniciativa podría representar una oportunidad real, pero solo si se asume con autocrítica, evaluar el marco normativo vigente, identificar responsables, establecer obligaciones claras y generar mecanismos de cumplimiento, es indispensable para avanzar.
Sin embargo, si la discusión se limita a la creación de una nueva ley sin revisar las fallas estructurales, el resultado será el mismo, una norma más que no transforma la realidad.
Justicia pendiente, deuda vigente
La exigencia de las organizaciones es contundente, lo que México necesita no es solo legislar, sino garantizar que las leyes se cumplan, que las investigaciones sean efectivas, que las sanciones se apliquen y que la reparación del daño sea integral.
La violencia feminicida no admite respuestas simbólicas, requiere acciones concretas, sostenidas y evaluables, mientras esto no ocurra, cada iniciativa seguirá siendo insuficiente frente a una crisis que cobra la vida de miles de mujeres, una crisis que no se resuelve en el papel, sino en la realidad que el Estado sigue sin transformar.
