* Operativo Otomí suma mil 249 detenidos en quince días, pe-ro faltan resultados judiciales y conocer qué grupos criminales fueron desarticulados……
Por Mary González
Las mil 249 detenciones realizadas durante los primeros quince días del Operativo Otomí representan uno de los balances de seguridad más relevantes difundidos recientemente por las autoridades mexiquenses, sin embargo, detrás de esa cifra surge una interrogante que no puede quedar sin respuesta, cuántas personas enfrentarán realmente un proceso penal y cuántas recuperarán su libertad por insuficiencia de pruebas o irregularidades en las detenciones.
Entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre, las corporaciones federales, estatales y municipales reportaron la captura de mil 249 personas, de las cuales 671 fueron relacionadas con presuntos delitos contra la salud, equivalentes al 54 por ciento del total, mientras que otras 172 detenciones correspondieron al cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Miles de operativos, pero faltan resultados judiciales
El balance también incluye 86 detenciones relacionadas con portación de armas, 86 por encubrimiento por receptación y 48 por ataques a las vías de comunicación, además del aseguramiento de 40 armas de fuego y 13.6 kilogramos de sustancias con características de diferentes drogas.
Estas cifras permiten dimensionar la actividad policial, pero no necesariamente el debilitamiento de las organizaciones criminales, porque detener a presuntos distribuidores de droga o responsables de delitos menores no significa haber desmantelado las estructuras que financian, abastecen y controlan los mercados ilícitos.
Una evaluación completa requiere conocer cuántas capturas fueron consideradas legales por los jueces, cuántas derivaron en vinculaciones a proceso y cuántas investigaciones permitieron identificar a dirigentes, proveedores y operadores financieros de grupos delictivos.
La inseguridad exige resultados permanentes
El despliegue involucra a más de seis mil elementos de seguridad y contempla intervenciones en aproximadamente veinte municipios, principalmente mediante patrullajes, filtros de revisión, vigilancia territorial y acciones de inteligencia, aunque resulta indispensable transparentar los resultados específicos de cada localidad para determinar dónde disminuyeron efectivamente los delitos.
La presencia de policías, militares y guardias nacionales puede generar condiciones inmediatas de tranquilidad, especialmente en comunidades que han enfrentado robos, violencia y narcomenudeo, pero la recuperación de la seguridad requiere resultados sostenidos que puedan comprobarse mediante indicadores delictivos y denuncias ciudadanas.
Otro aspecto pendiente es establecer cuántas bandas criminales fueron desarticuladas, qué cantidad de inmuebles fueron asegurados, quiénes controlaban las actividades ilícitas y qué seguimiento se dará a los territorios intervenidos cuando disminuya la presencia de las corporaciones.
El gobierno estatal presenta las detenciones como un avance de su estrategia de seguridad, pero la dimensión de las capturas también evidencia la necesidad de investigar la presencia de actividades delictivas en diferentes regiones mexiquenses.
El desafío será demostrar que las mil 249 detenciones no representan únicamente una cifra acumulada para los informes oficiales, sino el comienzo de investigaciones sólidas, procesos judiciales efectivos y una reducción verificable de la delincuencia, porque la seguridad no puede medirse exclusivamente por las personas detenidas, sino también por los delitos que dejan de cometerse.
