Rumbo a las elecciones de 2027, Morena sabe que, además de los cargos que estarán en disputa, también se jugará su credibilidad y lo que el propio partido denomina su “autoridad moral”. Por ello, para definir a los aspirantes que postulará en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura, el partido endureció los requisitos y, más allá de la popularidad, exige una “trayectoria inobjetable” y un perfil libre de señalamientos por corrupción.
Sin embargo, al menos 20 de los aspirantes que se registraron hace unos días para competir por la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena —antesala de la candidatura a gobernador— cuentan con algunas polémicas que podría traerles problemas con su registro.
A lo largo de su trayectoria política y en el servicio público, han estado involucrados en polémicas relacionados con lujos, denuncias por corrupción, prácticas de nepotismo, así como presuntos casos de peculado, cohecho, desvío de recursos públicos e incluso señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Lilia Gómez, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, considera que, ante los señalamientos que pesan sobre varios de sus aspirantes, Morena tendrá que depurar sus perfiles, aunque ello implique dejar fuera a figuras con mayor popularidad.
“Morena va a tener que decidir si hace procesos de depuración apegados a las propias reglas que han definido y se arriesga a tener candidatos que no son más polémicos, aunque atraigan un mayor número de votos, o si se queda con candidatos que no tienen esa polémica, esa presencia, que no figuran tanto en los medios, pero que tendrá que promover para que ganen”, explica la también analista política.
La convocatoria de Morena para definir a sus coordinadores de la Defensa de la Transformación establece criterios relacionados con la honestidad y la trayectoria de los aspirantes.
“Resulta procedente definir a las personas que coordinarán la Defensa de la Transformación en las entidades federativas, distritos, municipios o ámbitos territoriales que correspondan, quienes deberán contar con aceptación, cercanía con el pueblo de México y reconocimiento popular; ser consideradas por el pueblo como personas honestas, de inobjetable trayectoria y comprometidas con los principios de la Cuarta Transformación”, señalan las convocatorias emitidas para las 17 entidades que renovarán la gubernatura.
El endurecimiento de los requisitos ocurre en un contexto marcado por los señalamientos contra algunos de sus integrantes. Entre ellos se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. También ocurre después de que surgieran rumores sobre el retiro de las visas al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos morenistas.
