* La Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum afirma que ningún alcalde debe quedar impune, pero advierte que antes deben acreditarse los delitos……
Por Karina Rocha
La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje que inevitablemente coloca bajo mayor escrutinio a los presidentes municipales que actualmente enfrentan investigaciones penales.
La mandataria sostuvo que en México no debe existir impunidad para ningún servidor público, incluidos los alcaldes en funciones, aunque también advirtió que las acusaciones deben sustentarse con pruebas suficientes antes de emitir sentencias políticas o judiciales.
La declaración adquiere especial relevancia en un momento en que diversas administraciones municipales enfrentan investigaciones por presuntos actos de corrupción, simulación de delitos, vínculos con organizaciones criminales y abuso de autoridad, casos que han colocado nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de control y fiscalización de los gobiernos locales.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo subrayó que la política de su administración mantiene como principio la “cero impunidad”, independientemente del partido político al que pertenezca el funcionario investigado.
Sin embargo, insistió en que cualquier procedimiento debe construirse sobre evidencias y no únicamente sobre denuncias o confrontaciones políticas.
La justicia frente al poder
Las declaraciones presidenciales llegan apenas unos días después de que un juez vinculó a proceso a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por el presunto delito de simulación de secuestro.
La investigación sostiene que el supuesto plagio denunciado a finales de mayo habría formado parte de una estrategia para justificar la desaparición de aproximadamente 40 millones de pesos del erario municipal, versión que la alcaldesa rechaza y califica como una persecución política.
Mientras el proceso penal continúa, la edil permanece en libertad y conserva el ejercicio de su cargo, debido a que el delito imputado no amerita prisión preventiva oficiosa y el procedimiento fue suspendido condicionalmente por un periodo de seis meses bajo diversas obligaciones impuestas por el juez.
El caso ha generado un intenso debate porque evidencia una de las principales debilidades del sistema jurídico mexicano: la posibilidad de que un funcionario sometido a proceso continúe ejerciendo funciones públicas mientras se determina su responsabilidad penal.
Aunque jurídicamente prevalece la presunción de inocencia, políticamente la permanencia de autoridades investigadas suele deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones.
El desafío de distinguir justicia y política
Sheinbaum reconoció que algunos expedientes pueden contener componentes políticos y llamó a evitar condenas anticipadas.
Ese señalamiento refleja una realidad frecuente en la vida pública mexicana, donde las denuncias penales suelen coincidir con disputas partidistas o procesos electorales, situación que obliga a las fiscalías a construir investigaciones sólidas para evitar que la procuración de justicia sea utilizada como instrumento de confrontación, sin embargo, el riesgo contrario también resulta preocupante.
Cuando las investigaciones avanzan lentamente o permanecen sin resolución durante meses o años, la percepción ciudadana suele ser la de protección institucional hacia quienes ejercen el poder.
Por ello, la exigencia social no se limita a iniciar investigaciones, sino a concluirlas con resoluciones claras, oportunas y plenamente fundamentadas.
Un mensaje para todos los partidos
La presidenta sostuvo que la aplicación de la ley no distingue colores partidistas y recordó que en los últimos meses también han enfrentado procesos judiciales alcaldes emanados tanto de Morena como de fuerzas opositoras.
El mensaje busca reforzar la narrativa gubernamental de que las investigaciones penales deben depender exclusivamente de las pruebas disponibles y no de la afiliación política de los funcionarios involucrados.
No obstante, la percepción pública suele construirse a partir de los resultados.
Mientras algunos casos avanzan con rapidez, otros permanecen estancados durante largos periodos, alimentando dudas sobre la consistencia con que se aplica la justicia.
Credibilidad institucional en juego
Los casos que involucran a presidentes municipales representan uno de los mayores desafíos para las instituciones encargadas de investigar delitos relacionados con servidores públicos.
Los ayuntamientos administran presupuestos millonarios, autorizan contratos de obra pública, manejan programas sociales y ejercen decisiones que impactan directamente en millones de ciudadanos.
Por ello, cualquier investigación penal contra un alcalde trasciende la responsabilidad individual y pone a prueba la capacidad del Estado para demostrar que ninguna posición de poder constituye un escudo frente a la ley.
La postura expresada por la presidenta busca enviar una señal de equilibrio entre el respeto al debido proceso y el combate a la impunidad.
Sin embargo, ese equilibrio sólo podrá sostenerse si las investigaciones concluyen con resoluciones transparentes, expedientes técnicamente sólidos y sentencias que disipen cualquier sospecha de protección política.
Porque para una ciudadanía cada vez más exigente, la confianza no se construye únicamente con discursos sobre cero impunidad.
Se fortalece cuando las investigaciones llegan hasta sus últimas consecuencias, sin excepciones, sin privilegios y sin importar el cargo, el partido o la influencia política de quienes ocupan el poder.
