* Destacó que, a nivel nacional, en 2024 se registraron 855 casos y tan solo en enero de 2026 se han contabilizado 94 víctimas……
Por Martha Romero
Aunque los registros oficiales muestran una reducción en los casos de feminicidio en el país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advirtió que la violencia feminicida sigue siendo una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional, durante 2024 se registraron al menos 855 feminicidios, en 2025 se contabilizaron 732 casos, mientras que en enero de 2026 se reportaron 94 víctimas.
Ante este panorama, la directora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, solicitó al Congreso de la Unión abrir un proceso de diálogo sobre la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de fortalecer el proyecto mediante la participación de organizaciones especializadas y personas expertas.
Señaló que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan los casos de violencia feminicida cuentan con experiencia que puede enriquecer la legislación, ya que conocen los principales obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familias para acreditar el delito de feminicidio.
“Se debería considerar a las voces de quienes estamos en territorio acompañando los casos y conocemos dónde están los obstáculos para probar el delito de feminicidio”, afirmó.
Destacó que uno de los puntos prioritarios que debe contemplar la nueva legislación es la asignación de presupuesto etiquetado para fortalecer las investigaciones en materia de feminicidio, pues sin recursos suficientes será complicado garantizar procesos efectivos de procuración de justicia.
Estrada Mendoza hizo un llamado a diputadas, diputados y senadores para instalar mesas de diálogo durante el análisis de la iniciativa con organizaciones feministas, sobrevivientes, familiares de víctimas, integrantes de la academia y colectivos que acompañan a mujeres en riesgo feminicida.
Sostuvo que la participación de estos sectores contribuirá a construir una legislación con perspectiva de derechos humanos y herramientas más eficaces para investigar y sancionar este delito.
Insistió en que la nueva ley debe fortalecerse con la participación de quienes han impulsado criterios jurídicos y estrategias para la investigación de este delito durante muchos años.
Por último, enfatizó que si bien las cifras oficiales reflejan una disminución en la incidencia de feminicidios entre 2024 y 2025, cientos de mujeres continúan siendo asesinadas por razones de género y miles de familias siguen enfrentando obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
