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ONU pide liberar a Juan Carlos Ramírez Michaca por detención arbitraria

* Tras documentar violaciones a sus derechos humanos, tortura y deficiencias en el proceso judicial, el organismo internacional solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata y reparación del daño……

Por Martha Romero

El caso de Juan Carlos Ramírez Michaca, quien lleva 21 años en prisión por un delito de homicidio, llegó a instancias internacionales. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que durante su detención y proceso judicial se cometieron graves violaciones a sus derechos humanos, por lo que pidió al Estado mexicano garantizar su liberación inmediata.

A través de la Opinión 49/2026, difundida el pasado 12 de noviembre, el organismo señaló que su encarcelamiento fue arbitrario y que existen elementos que acreditan que fue víctima de tortura física y psicológica. También solicitó una indemnización, medidas de reparación integral y una investigación independiente para determinar quiénes fueron responsables de las irregularidades.

Entre las anomalías identificadas se encuentran la detención sin una orden judicial, la aplicación automática de prisión preventiva, el uso de pruebas ilícitas para sustentar la condena y la falta de una defensa adecuada. Además, advirtió que las autoridades no investigaron oportunamente las denuncias de tortura ni corrigieron las irregularidades que se presentaron desde su arresto.

El pronunciamiento se suma a las acciones emprendidas por organismos de derechos humanos en el ámbito nacional y estatal. El pasado 5 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) también emitió una resolución favorable a la amnistía de Ramírez Michaca, luego de acreditar vulneraciones a sus derechos y deficiencias en el procedimiento judicial.

Pese a estos pronunciamientos, su familia y organizaciones civiles mantienen la exigencia de que el Poder Judicial del Estado de México resuelva la solicitud de amnistía que continúa pendiente.

Alejandra Estrada García, esposa de Juan Carlos y representante del colectivo “Amnistía para Michaca Ya”, explicó que la detención ocurrió el 20 de febrero de 2005, cuando agentes de la Policía Ministerial ingresaron por la fuerza a su vivienda, ubicada en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, sin mostrar una orden judicial.

De acuerdo con su relato, los elementos amenazaron con armas a los familiares, revisaron el inmueble y se llevaron detenido a Juan Carlos. La mujer señaló que horas antes un familiar de su esposo había participado en una discusión en la que disparó contra dos personas, quienes perdieron la vida en el sitio.

Por ello, sostuvo que Juan Carlos habría sido detenido por compartir el apellido Michaca con el presunto responsable de los homicidios, pese a que no habría participado en los hechos.

Estrada García también denunció que durante su detención fue golpeado y amenazado, además de sufrir tortura física y psicológica para obligarlo a firmar una confesión. Estas agresiones, afirmó, le provocaron secuelas permanentes, entre ellas una disminución de su capacidad auditiva.

Posteriormente, fue condenado a 70 años de prisión por homicidio, sentencia que, según su familia, se sustentó en pruebas ilícitas y una declaración obtenida bajo coacción.

Durante más de dos décadas, Juan Carlos y su defensa han promovido distintos recursos legales, entre ellos amparos y solicitudes de amnistía, con la intención de demostrar las irregularidades de su caso.

Sin embargo, hasta ahora no han obtenido una resolución definitiva que permita su liberación.

Actualmente, la solicitud está en manos del juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba, Magdaleno Camacho Vázquez, a quien el colectivo pide conceder el beneficio de amnistía y ordenar su salida inmediata de prisión.

La familia y las organizaciones que acompañan el caso esperan que tanto el pronunciamiento de la ONU como los antecedentes documentados por organismos de derechos humanos sean considerados por las autoridades judiciales mexiquenses para resolver la petición y garantizar la reparación integral de los daños.

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