* La estrategia ha derivado en sentencias contra exalcaldes, excomisarios y policías municipales por delitos de alto impacto; las investigaciones continúan para identificar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales……
Por Martha Romero
La Operación “Enjambre” ha conseguido sentencias condenatorias que suman mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 objetivos prioritarios, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con autoridades federales y estatales.
La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024, luego de las investigaciones por el hallazgo de restos humanos de 10 víctimas en pozos del municipio de Nicolás Romero, caso en el que se identificó la presunta participación de elementos de la policía municipal.
A partir de estas indagatorias y de otras relacionadas con delitos de alto impacto, las autoridades identificaron la infiltración de grupos criminales en diferentes cuerpos de seguridad y administraciones de ayuntamientos en la entidad, lo que les garantizaba una red de protección para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas, de ahí la necesidad de realizar acciones conjuntas con el Gobierno de México y autoridades estatales para su captura tras la judicialización de los expedientes correspondientes.
La estrategia ha permitió la detención de servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en el Estado de México.
Son investigados por delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, secuestro exprés, secuestro exprés con fines de robo, secuestro exprés con fines de extorsión, extorsión, desaparición forzada, además de su relación con grupos criminales con presencia en diferentes zonas de la entidad.
Entre las sentencias más relevantes destaca la de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien recibió 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión, el 22 de abril de 2026. Previamente, había sido condenado a 40 años por homicidio.
Asimismo, María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión el 16 de diciembre de 2025 por homicidio en agravio de integrantes de su administración.
Otro caso es el de Eulises González Hernández, excomisario de Acambay, quien acumula dos sentencias: una de 68 años y seis meses por desaparición forzada de personas y otra de 47 años y seis meses por extorsión.
También figuran Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, condenado a 50 años por secuestro exprés con fines de robo, y Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, quien recibió 40 años de prisión por extorsión.
Las condenas también alcanzaron a policías municipales de Nicolás Romero y Ecatepec por homicidio, así como a exfuncionarios y elementos de seguridad involucrados en casos de secuestro, evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los despliegues operativos y las investigaciones continuarán de manera permanente para integrar nuevos expedientes contra servidores públicos de administraciones actuales y anteriores, cuya probable participación o relación con hechos delictivos sea identificada durante las indagatorias.
La dependencia busca avanzar en la judicialización de los casos y combatir las redes de protección institucional que presuntamente han permitido la operación de grupos criminales en distintos municipios del Estado de México.
En los operativos participan dependencias federales como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, además de la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con la Secretaría de Seguridad estatal y la FGJEM.
