Una jueza federal ha emitido una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los 8 militares que enfrentan proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que fueron puestos en libertad provisional apenas la semana pasada.
La Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, ha instruido el mandamiento judicial contra los miembros de los Batallones 27 y 41 de Infantería, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
En un comunicado separado, la defensa de los militares, liderada por Alejandro Robledo Carretero, reportó que 3 de los soldados ya han sido aprehendidos y anticipa que los otros 5 se entregarán voluntariamente hoy mismo, siguiendo la misma práctica que llevaron a cabo el año pasado cuando eran perseguidos por la desaparición de los estudiantes.
Comparecerán ante la jueza en las próximas horas para una audiencia de declaración preparatoria.
Los militares actualmente prófugos son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.
Apenas el pasado 24 de enero habían abandonado el Campo Militar Número 1, después de que la juez Duarte les cancelara la prisión preventiva oficiosa y les concediera el beneficio de llevar en libertad provisional su proceso penal por la desaparición forzada de los estudiantes.
En esa misma fecha, la Secretaría de Gobernación indicó que pediría a la FGR que, de ser posible, solicitara nuevas órdenes de aprehensión en contra de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa, que obtuvieron su libertad provisional.
“Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, anunció la Segob.
Para salir de la prisión, hace una semana, los militares pagaron una garantía de 50 mil pesos y quedaron sujetos a la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes y el pago de una garantía de 50 mil pesos, la entrega de sus pasaportes, y la prohibición de salir del País.
También a la prohibición de acercarse al sitio de los hechos, específicamente el Estado de Guerrero; y de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
Los procesados son parte de la lista de 16 militares contra los que el pasado 13 de junio se ordenó la captura por el delito de desaparición forzada.
Los ocho se entregaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la República una semana después de que se ordenaran sus arrestos.
El punto de partida de la imputación son las declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien señala a los soldados, todos ellos ex miembros de los Batallones 27 y 41 de Infantería, de ser parte de la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con las investigaciones, esta organización criminal fue la responsable de la desaparición de los normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
