* El coordinador nacional de Diputados del PAN, Anuar Azar, plantea abrir un debate plural para crear mecanismos legales de defensa con restricciones, controles y regulación estricta……
Por Martha Romero
Ante los niveles de inseguridad y la elevada cifra de delitos que no llegan a una investigación formal, el coordinador nacional de Diputados del PAN, Anuar Azar Figueroa, propuso construir un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa, para abrir una discusión plural sobre los mecanismos legales que pueden tener las familias para protegerse ante una agresión inmediata.
En conferencia de prensa, resaltó la propuesta surge de una realidad que viven miles de familias frente a la delincuencia, pues datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en México solo uno de cada 100 delitos llega a una resolución favorable para la víctima.
Además, dijo, en 2025 se registraron 26 mil secuestros, 420 mil 600 casos de extorsión, 40 mil 422 robo a casa habitación con violencia, 42 mil 087 robo de automóvil con violencia, datos que obligan a abrir el debate sobre mecanismos legales de defensa, con controles, restricciones y una regulación estricta, dirigido a personas que cumplan requisitos y controles específicos.
“Estamos abriendo el debate para encontrar mecanismos legales de defensa, con restricciones, controles y una regulación estricta, ante una realidad en la que las instituciones de seguridad y justicia todavía no están dando los resultados que las familias necesitan”, sostuvo.
El integrante de la bancada panista en el Congreso Mexiquense enfatizó que la seguridad pública sigue siendo una responsabilidad irrenunciable del Estado y ninguna eventual reforma sustituiría a policías, fiscalías o jueces.
Expuso que la propuesta contempla analizar requisitos como revisión de antecedentes, evaluaciones de aptitud física y psicológica, capacitación obligatoria, registro y trazabilidad del arma, almacenamiento seguro, renovación periódica y mecanismos de suspensión o revocación.
Subrayó que buscarían revisar los alcances de la legítima defensa y la protección jurídica de quien repele una agresión real, actual o inminente, sin permitir venganzas, persecuciones o justicia por propia mano.
Por ello, anunció que impulsarán foros en los 32 Congresos locales y en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas en derecho, seguridad, criminología, regulación de armas de fuego, autoridades de la Sedena y responsables del control de armas, fiscalías, jueces, magistrados, organizaciones ciudadanas y víctimas de la delincuencia.
Indicó que en dichos trabajos se analizarán cuatro temas centrales: legítima defensa y derechos ciudadanos; seguridad pública y capacidad de respuesta del Estado; requisitos para una eventual licencia de portación; y salvaguardas para prevenir abusos y proteger a terceros.
Manifestó que al concluir los foros se integrará el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa, con conclusiones y, en su caso, propuestas de reformas constitucionales y legales, mismo que será entregado a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial federal, así como a los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión.
Señaló que cualquier modificación debe ser evaluada con indicadores públicos, entre ellos, homicidios, robos violentos, lesiones por arma de fuego, accidentes, usos defensivos y posibles desvíos de armas legales al mercado ilícito.
“Una política responsable se evalúa y se corrige; no se defiende a ciegas”, afirmó al tiempo de insistir que la propuesta no presenta las armas como solución a la violencia, sino como un tema que debe discutirse de manera seria, plural y responsable frente a situaciones excepcionales en las que una familia puede encontrarse en peligro inmediato.
