El diputado federal Luis Mendoza (PAN) presentó una iniciativa de reforma a las leyes federales de protección de datos personales, tanto de particulares como de sujetos obligados, para elevar penas de prisión a quienes vulneren información personal con dolo.
Y cuando se trate de servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, la iniciativa establece la imposición de cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo.
El texto propuesto por Mendoza modifica los artículos 67 y 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el artículo 167 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este último hace referencia a los servidores públicos que tengan bajo su resguardo los datos personales de terceros.
El panista plantea que el artículo 167 incluya explícitamente al Presidente de la República; en caso de que actúe como infractor de la ley, el INAI o el organismo garante de protección de datos personales deberá remitir a la autoridad la denuncia correspondiente y el expediente con todos los elementos que sustenten la responsabilidad administrativa.
“En caso de encontrarse responsable por la violación de datos personales y datos sensibles de terceros, al difundir dolosamente nombre, domicilio, número telefónico, firma, fotografía, estado de salud, etnia, creencias religiosas, preferencias sexuales, entre otras, en medios digitales, visuales e impresos, además de asumir la responsabilidad administrativa a que haya lugar, se impondrán cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación del cargo”, señala la propuesta.
El legislador recordó que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 22 de febrero, leyó en voz alta el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff jefa de la corresponsalìa de New York Times, quien estuvo al frente de un reportaje el cual revelaba presuntos nexos del mandatario y gente cercana a él con cárteles de la droga y la recepción de millones de dólares, para financiar su campaña en 2018 a cambio de ciertos favores.
“Los funcionarios públicos tenemos la obligación de cuidar y proteger los datos personales de otras personas, lo que hizo López Obrador de difundir el teléfono de la periodista es un acto totalmente irresponsable, puso en riesgo su seguridad porque el número telefónico rápidamente se viralizó por internet, dejando vulnerable a la periodista y poniéndola en la mira de algún grupo delincuencial”, condenó el diputado.
Mendoza enfatizó que desde 2006 al menos 128 periodistas han sido asesinados en el país, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas y es uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión.
