Lo ocurrido en el parque “Fábrica de Sueños” en Naucalpan exhibe una constante preocupante en la gestión urbana, proyectos que se anuncian como beneficios sociales terminan imponiéndose sin diálogo real con la comunidad, la intervención del espacio, presentada por el gobierno municipal como una rehabilitación con enfoque cultural y recreativo, detonó un conflicto que derivó en enfrentamientos y al menos ocho personas detenidas, una escena que refleja más imposición que planeación participativa.
La presencia de maquinaria y elementos de seguridad antes del arranque formal de la obra no solo encendió alertas entre los vecinos, también evidenció la falta de sensibilidad política para manejar un proyecto en un espacio público que pertenece a la comunidad, los colonos no solo cuestionan el impacto ambiental y la posible afectación de áreas verdes, también denuncian la ausencia de consulta previa, lo que deja en entredicho la legitimidad del proyecto desde su origen.
En los videos difundidos en redes sociales se observa el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad, lo que agrava el conflicto y transforma una inconformidad vecinal en un problema de derechos, porque cuando la respuesta institucional ante la protesta es la confrontación, el mensaje es claro, la prioridad no es escuchar, sino ejecutar, aun a costa de la confianza ciudadana.
El argumento oficial de que se trata de una medida de mitigación vinculada a un desarrollador privado no ayuda a disipar las dudas, al contrario, refuerza la percepción de que los intereses inmobiliarios siguen teniendo mayor peso que la voz de los habitantes, especialmente en zonas donde ya existen antecedentes de resistencia a proyectos similares, como el caso de Cumbres Herradura, que dejó una huella de desconfianza difícil de borrar.
La reacción de los vecinos, con la convocatoria a un mitin y un plantón frente al Palacio Municipal, no es un hecho aislado, es la consecuencia directa de una forma de gobernar que privilegia la rapidez sobre la construcción de acuerdos, en un contexto donde los espacios públicos son cada vez más disputados, ignorar a la comunidad no solo genera conflicto, también debilita la legitimidad de cualquier obra, por más beneficios que prometa en el papel.
