* Más de mil jubilados preparan marchas y plantones en Toluca para exigir pensiones dignas, medicamentos, atención médica y representación en las decisiones del instituto, mientras persisten cuestionamientos sobre su situación financiera y la respuesta de las autoridades estatales……
Por Karina Rocha
Toluca, México.- La inconformidad de pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) amenaza con convertirse en un nuevo conflicto social para el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, luego de que organizaciones de extrabajadores anunciaran una movilización para el próximo miércoles 18 de noviembre, ante lo que consideran indiferencia institucional, deterioro de sus ingresos, deficiencias médicas y falta de respuestas a demandas que arrastran desde hace años, situación que coloca nuevamente bajo cuestionamiento la capacidad del organismo para garantizar derechos adquiridos durante décadas de servicio público.
Everardo López Pérez, dirigente de pensionados y pensionistas, anunció que al menos mil inconformes partirán a las 9:30 horas de las inmediaciones del Teatro Morelos, para posteriormente establecer plantones frente al Palacio de Gobierno, la Cámara de Diputados y las oficinas centrales del ISSEMyM, ubicadas en Hidalgo y Andrés Quintana Roo, una protesta que podría ocasionar cierres viales y que pretende obligar a las autoridades estatales a establecer compromisos concretos.
Pensiones insuficientes y crisis financiera
El conflicto trasciende una manifestación por incrementos económicos, pues exhibe las presiones estructurales de un sistema de seguridad social que enfrenta compromisos crecientes, reservas pensionarias agotadas y obligaciones futuras considerablemente superiores a sus capacidades financieras proyectadas, problemas que no surgieron durante la actual administración, pero cuya atención corresponde también a quienes hoy encabezan el gobierno mexiquense.
Los estados financieros correspondientes a 2025 mostraron activos por aproximadamente 17 mil 402 millones de pesos y un ahorro contable de 2 mil 145 millones, sin deuda bancaria registrada, aunque también evidenciaron una disminución del efectivo disponible, de 186 millones a 85 millones de pesos, además de cuentas por pagar a corto plazo cercanas a mil 432 millones, cifras que revelan presiones de liquidez pese a los resultados contables positivos.
A esta situación se agrega el déficit actuarial de largo plazo, estimado en estudios anteriores por encima del billón de pesos, un desequilibrio que obliga a discutir soluciones financieras sostenibles sin trasladar automáticamente sus costos a jubilados que cumplieron sus obligaciones laborales y realizaron aportaciones durante su vida productiva.
Los manifestantes exigen recuperar el poder adquisitivo de sus pensiones, revisar las aportaciones correspondientes a servicios médicos y establecer mecanismos de actualización que respondan al encarecimiento de alimentos, medicamentos y necesidades esenciales, particularmente entre adultos mayores cuya jubilación constituye su principal ingreso.
Hospitales, medicamentos y consultas pendientes
La atención médica representa otro frente de inconformidad, debido a denuncias reiteradas sobre desabasto de medicamentos, retrasos en consultas de especialidad y cirugías postergadas durante meses, circunstancias que pueden agravar enfermedades y obligar a pacientes a cubrir tratamientos con recursos propios.
Aunque el director general del ISSEMyM, Antonio Jaymes Núñez, ha sostenido que las finanzas operativas se encuentran estables y reconocido rezagos en citas especializadas, las declaraciones institucionales requieren acompañarse de indicadores públicos sobre recetas surtidas, tiempos de espera, especialistas disponibles y cumplimiento efectivo de tratamientos.
Para quienes dependen de atención permanente, recibir un vale sin disponibilidad del medicamento no resuelve sus necesidades, tampoco resulta suficiente anunciar procesos de modernización administrativa mientras persisten dificultades para conseguir consultas oportunas.
Exigen voz en decisiones millonarias
Otro reclamo fundamental es recuperar representación dentro del Consejo Directivo, órgano encargado de participar en decisiones presupuestarias y administrativas, pues los pensionados denuncian que llevan más de ocho años sin espacios efectivos de participación, pese a continuar contribuyendo al sostenimiento de servicios institucionales.
También demandan combatir presuntas prácticas de intermediación irregular en préstamos, agilizar los dictámenes de jubilación hasta cumplir el plazo legal reclamado de 30 días, garantizar pagos oportunos y recuperar instalaciones destinadas a actividades sociales y culturales.
La responsabilidad de revisar estas demandas alcanza al Poder Ejecutivo, al Congreso local y a los integrantes del Consejo Directivo, cuya actuación deberá traducirse en medidas verificables y no únicamente en reuniones administrativas.
La protesta del miércoles pondrá nuevamente sobre la mesa una interrogante fundamental, cuánto tiempo más deberán esperar los pensionados para obtener respuestas sobre servicios financiados con sus aportaciones, mientras las autoridades enfrentan el desafío de demostrar que la estabilidad financiera puede traducirse también en atención médica oportuna, pensiones suficientes y respeto efectivo a los derechos de quienes dedicaron su vida al servicio público.


