* Acusan negligencia por parte de las autoridades, por lo que piden que el Poder Judicial de la entidad revise exhaustivamente el caso
Por Mireya Álvarez
Al considerar que Mónica Rosales Valeriano fue sentenciada por un delito que no cometió y que para su sentencia no se presentaron pruebas ni testigos de los hechos, Sandra Valeriano Pineda, madre de la sentenciada a 47 años de prisión por homicidio calificado, manifestó que su hija quien se encuentra en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, es inocente y que se le fabricó el delito para ser inculpada, violentando sus derechos fundamentales.
“Mi hija se encuentra privada de la libertad desde el 31 de octubre de 2022, lo cual consideró como injusto, ya que es madre de tres hijos, de los cuales ya no puedo hacerme cargo debido a que estoy enferma. El 1 de marzo de 2024, dictaron sentencia condenatoria a 47 años y seis meses, en la causa del juicio es 2037-2023, el cual comenzó el 26 de febrero del año en curso a las 14:00 horas, y en la que el Ministerio Público, Héctor Miguel Cruz Guadarrama, desahogó las pruebas y en el testimonio de la única testigo fue por videollamada y por fallas en la señal de internet se tuvo que esperar hasta cuatro horas para ello, por lo que para el juez fue suficiente lo que la Policía de Investigación dijo y por eso condenó a mi hija”, indicó Valeriano Pineda.
Por su parte, Leticia González Fernández, representante legal de la señalada y presidenta de la Asociación Civil “Mujeres Construyendo A.C.”, indicó que el caso de la fiscalía, legitimado por un juez estatal, se basa sólo en la declaración del primer respondiente, oficial municipal que escuchó el nombre de Mónica, pero nunca la vio.
“Comenzaron con las pruebas del ministerio público que encabezó el licenciado Héctor Miguel Guadarrama, representante de la fiscalía. Nunca pudieron desahogar el testimonio de la ofendida, la única testigo presencial de los hechos. Fue negligencia de la fiscalía y no fue desahogado el testimonio derivado de que la señora se encuentra fuera del país y este se realizaría por video llamada; sin embargo, nunca pudieron establecer conexión con la ofendida”, explicó González Fernández.
“Es un testimonio de oídas, que además la policía dice que le platicó la ofendida pero no lo plasma en su informe de investigación; que sabemos tiene un protocolo. Se muestra por escrito para que lo conozcamos la defensa y podamos ejercer el principio de contradicción, es decir, que podamos defendernos. Otro hecho de gravedad en el caso acusó, es que no hay acta médica de la Fiscalía por la muerte del varón, al cual se le acusa a Mónica de privar de la vida, estas y otras regularidades son las que se presentan en el caso y que nosotras apelaremos”, sentenció.
Ante ello, la madre y la representante legal dijeron tener la apelación interpuesta, anunciaron que presentarán una denuncia en contra de la Policía de Investigación por falsedad de declaraciones, además de hacer un llamado a las autoridades del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para que revisen el caso de forma exhaustiva, y a la gobernadora Delfina Gómez a que haga justicia y que la ley sea aplicable de acuerdo con las pruebas presentadas.
El caso de Mónica ya se apeló, por lo que pidieron al Poder Judicial del Estado de México, , para que se revise el caso, y a la gobernadora Delfina Gómez a que haga justicia y que la ley sea aplicable de acuerdo con las pruebas presentadas.
