El Mundial de Futbol de 2026 representa una oportunidad histórica para México, de fortalecer a las empresas y negocios familiares del país, pero también un riesgo real de que parte de esa derrama sea capturada por la piratería, la informalidad y el fraude, si no se actúa con oportunidad, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre señaló que la conversación rumbo al Mundial no puede reducirse a una condena abstracta de la piratería, sino que debe centrarse en una pregunta de fondo: si la oportunidad económica llegará al comercio formal que genera empleo y paga impuestos, o si terminará beneficiando a redes ilegales que compiten con ventajas indebidas.
“El Mundial 2026 puede ser una gran oportunidad para México, pero esa oportunidad debe traducirse en beneficio para las empresas y negocios familiares que sí cumplen, generan empleo y sostienen la economía formal del país; no puede convertirse en una ventana para que la ilegalidad capture parte de la derrama”, afirmó.
Octavio de la Torre, recordó que, de acuerdo con el estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra en México”, elaborado por CIDAC y AmCham, el consumo doméstico de productos pirata en México en 2015 fue estimado en 43 mil millones de pesos anuales y, actualizado a 2025, asciende a 63 mil 262 millones de pesos, con una afectación de alrededor de 70 mil empleos formales, principalmente en sectores como el textil.
Subrayó que esta presión no pega igual a todos. En México, 85% de las empresas son familiares y existen alrededor de 4.5 millones de MiPyMEs, muchas de ellas surgidas del ámbito familiar, por lo que cualquier distorsión del mercado afecta directamente la estabilidad de quienes viven del comercio formal.
De acuerdo con la información presentada por CONCANACO SERVYTUR, los sectores más expuestos rumbo al Mundial 2026 son el textil, deportivo, comercio minorista, mercancía promocional, derechos audiovisuales y marcas patrocinadoras.
“La piratería no compite en igualdad de condiciones. No paga impuestos, no cumple normas, no protege al consumidor y aprovecha la inversión de quienes sí operan dentro de la ley”, señaló la Confederación.
CONCANACO SERVYTUR advirtió que la discusión sobre piratería no puede separarse del costo real de operar en la formalidad. En México abrir un negocio implica en promedio ocho trámites y un costo de acceso de alrededor de 1,433.36 dólares, es decir, cerca de 28 mil pesos, ubicando al país entre los más costosos de América Latina para iniciar formalmente una actividad económica. A ello se suman los costos de permanencia: el ISR puede representar entre 25% y 30% de los ingresos empresariales, y la seguridad social alrededor de 20% de la nómina salarial.
