* El Tribunal Superior de Justicia pretende llevar sus recursos a alrededor de 7 mil millones de pesos, reconoce que el Estado de México ocupa el último lugar nacional por déficit de jueces y advierte riesgos de inoperatividad si no obtiene mayores recursos……
Por Karina Rocha
El Poder Judicial del Estado de México lanzó una advertencia que difícilmente puede reducirse a una simple negociación presupuestal, para 2027 necesitará un incremento de al menos 10 por ciento en sus recursos para evitar que la falta de jueces, el crecimiento de asuntos, la ampliación de juzgados y las nuevas obligaciones derivadas de las reformas terminen comprometiendo su capacidad operativa, una declaración que coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda, cómo llegó la entidad más poblada del país a ocupar el último lugar nacional por déficit de juzgadores.
Durante 2026 el Poder Judicial mexiquense recibió un presupuesto autorizado de 6 mil 331 millones 216 mil 477 pesos, de los cuales 4 mil 859 millones fueron destinados a servicios personales y mil 471 millones a gasto operativo, ahora la institución pretende acercarse a los 7 mil millones de pesos durante el próximo ejercicio fiscal, un aumento que deberá demostrar que realmente se traducirá en más capacidad para resolver expedientes y no solamente en el crecimiento de una estructura burocrática.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, reconoció que el aumento presupuestal previsto para servicios personales resulta insuficiente, particularmente porque uno de los mayores problemas se encuentra en el número de jueces disponibles para atender la enorme carga jurisdiccional del Estado de México, incluso aceptó que alcanzar de inmediato la media nacional prácticamente obligaría a duplicar el presupuesto, escenario considerado inviable.
Último lugar en jueces
El reconocimiento resulta particularmente delicado porque confirma una deficiencia estructural que du-rante años se ha acumulado sin en-contrar una solución proporcional al tamaño de la entidad, mientras el Estado de México concentra más de 17 millones de habitantes, cientos de miles de controversias familiares, civiles, mercantiles y penales dependen de una infraestructura judicial que ahora admite encontrarse rezagada frente al resto del país.
Actualmente alrededor de 217 juzgados, salas y tribunales concentran buena parte de la actividad jurisdiccional, en ellos trabajan más de 4 mil 600 servidores públicos, sin embargo la institución sostiene que el número de jueces sigue siendo insuficiente y que algunas áreas enfrentan cargas de trabajo capaces de duplicar o incluso triplicar la capacidad operativa disponible.
Una muestra apareció recientemente en materia penal, donde apenas cuatro tribunales unitarios concentraban 44.7 por ciento de los asuntos y prácticamente 60 por ciento del rezago, situación que obligó a poner en funcionamiento cinco nuevos Tribunales de Alzada en Toluca, Tlalnepantla y Texcoco, la ampliación puede ayudar a descongestionar expedientes, pero también confirma que el problema llevaba tiempo acumulándose.
La justicia tardía termina convirtiéndose en una forma de injusticia para quien espera una sentencia, una pensión alimenticia, la resolución de una controversia familiar, la recuperación de un patrimonio o una determinación penal, por ello la discusión presupuestal no debería quedarse exclusivamente entre porcentajes, capítulos de gasto y negociaciones entre poderes.
Más dinero deberá significar mejores resultados
Entre las prioridades planteadas para 2027 se encuentra la contratación gradual de más jueces, ampliación de juzgados familiares, desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial e implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de los costos derivados de la propia Reforma Judicial.
Son necesidades reales, pero precisamente por ello cualquier incremento deberá acompañarse de indicadores claros para conocer cuánto disminuyó el rezago, cuántos nuevos juzgadores fueron incorporados, cuánto se redujeron los tiempos de resolución y cuál fue el resultado concreto de cada peso adicional destinado a la institución.
Resultaría preocupante que la advertencia sobre una eventual inoperatividad termine funcionando solamente como argumento para obtener recursos adicionales sin compromisos verificables, porque si durante años existió un déficit creciente de jueces también resulta necesario determinar por qué la planeación presupuestal anterior no consiguió corregirlo y cuáles decisiones administrativas llevaron al sistema hasta este punto.
El Poder Judicial asegura destinar aproximadamente 86 por ciento de sus recursos a los órganos jurisdiccionales, dato que demuestra el peso financiero de mantener funcionando juzgados, salas y tribunales, pero también obliga a revisar con mayor detalle qué proporción termina directamente fortaleciendo las áreas donde se atiende al ciudadano y cuánto corresponde a estructuras administrativas.
Costo de dejar crecer el rezago
La advertencia de un posible “colapso” o riesgo de inoperatividad no puede pasar inadvertida, mucho menos en un Estado de México que enfrenta elevados niveles de violencia, conflictos patrimoniales, despojos, controversias familiares y una creciente exigencia ciudadana de acceso efectivo a la justicia.
No basta contratar juzgadores si las fiscalías, defensorías, tribunales y áreas administrativas continúan acumulando procedimientos lentos, expedientes retrasados y procesos burocráticos, ampliar el presupuesto solamente tendrá sentido cuando pueda reflejarse en resoluciones más rápidas, atención más eficiente y reducción comprobable del rezago.
Para 2027 el Congreso mexiquense tendrá que decidir cuánto dinero adicional entrega al Poder Judicial, pero también deberá exigir cuentas sobre lo realizado con los 6 mil 331 millones de pesos de este año, porque autorizar alrededor de 7 mil millones sin revisar productividad, distribución del gasto y resultados equivaldría a financiar el problema sin garantizar su solución.
La alarma lanzada desde el propio Tribunal Superior de Justicia deja finalmente una conclusión difícil de ignorar, el Estado de México no solamente enfrenta una discusión sobre cuánto cuesta impartir justicia, enfrenta las consecuencias de haber permitido que su sistema creciera por debajo de las necesidades de millones de habitantes, ahora evitar el “colapso” costará más, pero se-guir postergando una solución podría resultar todavía más caro.
