Por Karina A. Rocha Priego
Diez muertos y 64 lesionados en una sola explosión en Temascalcingo, por lo menos 13 fallecimientos contabilizados en un recuento de diez explosiones durante 2026, siete estallidos solamente en Tultepec y una sucesión de accidentes en talleres clandestinos, establecimientos autorizados, viviendas y ahora una celebración patronal, esas son las cifras que deberían estar sobre el escritorio de la gobernadora Delfina Gómez y de los presidentes municipales, porque la pólvora no solamente está cobrando vidas en el Estado de México, también exhibe la fragilidad de los mecanismos encargados de prevenir las tragedias.
El saldo podría ser todavía mayor, porque no existe una base pública estatal, única y actualizada que permita conocer inmediatamente cuántas explosiones relacionadas con pirotecnia han ocurrido, cuántas personas murieron, cuántas resultaron lesionadas, cuáles establecimientos tenían autorización, cuáles operaban clandestinamente y qué autoridades los habían inspeccionado, resulta difícil justificar que una entidad históricamente vinculada con la producción de pirotecnia carezca de un registro transparente sobre el costo humano de esta actividad.
Temascalcingo fue la consecuencia
La explosión ocurrida la noche del 5 de septiembre en Santa María Canchesdá no apareció de la nada, material pirotécnico almacenado en un espacio utilizado como bodega contiguo a la iglesia detonó durante los festejos patronales de Nuestra Señora de la Luz, el resultado fue devastador, 10 muertos, 64 lesionados, estructuras colapsadas y una co-
munidad convertida en escenario de desastre.
Después llegaron Protección Civil estatal, SUEM, ISEM, Bomberos, policías, Guardia Nacional, Defensa, Fiscalía, Cruz Roja y autoridades municipales, el despliegue fue necesario, pero precisamente por eso surge una pregunta imposible de evadir, si tantas instituciones pudieron coordinarse después de la explosión, ¿por qué esa coordinación no funcionó antes?, Protección Civil no debería medirse por la cantidad de ambulancias que llegan cuando ya existen muertos, sino por las tragedias que consigue evitar.
La pólvora llevaba meses avisando
Temascalcingo fue la tragedia más grave, pero no la primera, Tultepec acumuló por lo menos siete explosiones durante 2026, en Chalco murió una persona al explotar un taller de pirotecnia, en Huixquilucan otro siniestro dejó dos fallecidos y Zumpango también registró una emergencia.
Más preocupante resulta lo ocurrido el 22 de julio en San Gregorio Cuautzingo, Chalco, donde explotó un taller dedicado a elaborar juegos pirotécnicos, una persona murió y otra resultó lesionada, el establecimiento contaba con permiso general 334, un dato que derrumba la explicación cómoda de responsabilizar exclusivamente a talleres clandestinos, porque también las instalaciones autorizadas pueden convertirse en escenarios mortales cuando la supervisión y las medidas de seguridad resultan insuficientes.
Patrimonio cultural, ¿y la seguridad?
La contradicción resulta inevitable, en febrero de 2026 el Congreso mexiquense declaró la técnica artesanal de la pirotecnia Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo su importancia histórica, artística, económica y social, una actividad de la que dependen más de 40 mil familias.
Nadie cuestiona el valor cultural de una tradición centenaria, lo cuestionable es que semejante reconocimiento no haya venido acompañado de una estrategia igualmente contundente de seguridad, profesionalización, inspección y combate a la clandestinidad, preservar una tradición no puede significar administrar sus muertos, si el Estado decidió reconocer la pirotecnia como patrimonio, también asumió una responsabilidad política mayor para demostrar que tradición y seguridad pueden coexistir.
La Federación no puede ser coartada
Los permisos relacionados con explosivos corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional, jurídicamente es correcto, pero utilizar esa distribución de competencias para deslindar políticamente al Gobierno estatal y los ayuntamientos sería demasiado cómodo.
En el Estado de México existen una Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, coordinaciones municipales de Protección Civil, bandos municipales, inspecciones, dictámenes y programas de seguridad, además, los gobiernos locales saben cuándo habrá una fiesta patronal.
Una celebración multitudinaria no aparece clandestinamente durante la madrugada, se prepara durante semanas, hay cierres de calles, comerciantes, peregrinaciones, música
y espectáculos, por eso resulta obligatorio preguntar, ¿quién verificó dónde estaría almacenada la pirotecnia en Temascalcingo?, ¿quién revisó las condiciones del lugar?, ¿qué protocolo preventivo existía?, ¿quién sabía que había material explosivo junto al templo?.
El gobierno del pésame
Después de cada tragedia conocemos el protocolo político, condolencias, mensajes de solidaridad, fotografías, recorridos hospitalarios, investigaciones y promesas de apoyo, después pasan los días, disminuye la atención pública y todo parece regresar a la normalidad hasta la siguiente explosión.
Eso ya no alcanza, el Gobierno de Delfina Gómez debe explicar cuántos establecimientos fueron inspeccionados durante 2026, cuántos fueron clausurados, cuántos operaban clandestinamente, cuántas fiestas patronales recibieron supervisión preventiva y cuántas irregularidades fueron notificadas a Defensa, los presidentes municipales también deben responder, porque resulta demasiado fácil inaugurar ferias, fotografiarse en fiestas patronales y presumir tradiciones, para después descubrir que cuando explota la pólvora nadie sabía nada.
Los muertos deberían bastar
Temascalcingo debería terminar con esa administración política de la tragedia, no hacen falta más mesas creadas después de enterrar víctimas, hacen falta inspecciones reales, protocolos para celebraciones multitudinarias, revisión de sitios de almacenamiento, coordinación permanente con Defensa y responsabilidades cuando existan omisiones.
La pirotecnia seguirá formando parte de las fiestas mexiquenses, los cohetes volverán a escucharse en decenas de comunidades, lo que no debería volver a escucharse son las sirenas llegando cuando ya es demasiado tarde.
Cuando el riesgo es conocido, las advertencias se acumulan, existen instituciones encargadas de prevenirlo y aun así continúan apareciendo muertos, la pólvora deja de exhibir solamente imprudencias, comienza a exhibir omisiones, y esas omisiones también tienen responsables políticos.
