La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga al ministro en retiro Arturo Zaldívar por presunta violación a la independencia judicial, alta de imparcialidad, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
Tras recibir una denuncia anónima el 9 de abril de este año, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Corte indagar los hechos descritos en la carpeta de investigación J/108/2024.
Como parte del mismo caso, la ministra presidenta ordenó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a jueces y magistrados por presuntamente violar la independencia del Poder Judicial.
La denuncia acusa que Zaldívar vulnero, entre 2019 y 2022 cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte, la independencia de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, al ejercer presión sobre jueces con la promesa de beneficios políticos, económicos.
En la carpeta de investigación se precisan los nombres de decenas de jueces que presuntamente fueron presionados por Arturo Zaldívar a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial.
También se cuestiona que con la intención de implementar políticas anti nepotismo, Zaldívar colocó a sus piezas estratégicas para controlar los asuntos más importantes. Todo esto para “conseguir resoluciones acorde a sus fines” a cambio de beneficios políticos.
El ministro en retiro es señalado de utilizar al Instituto Federal de Defensoría Pública y al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de manera imparcial.
Otra acusación contra Arturo Zaldívar es la de haberse confabulado con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, “para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.
El pasado 21 de febrero, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando Zaldívar era presidente de la Corte, hablaba con el ministro para “respetuosamente” intervenir en ciertos casos.
“(Cuando) estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’. Si viene mal la averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11:00, y con ese hecho podía dictar la libertad”, dijo en esa ocasión.
Un día después, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar negó que violara la independencia del Poder Judicial. “Yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los cuatro años que fui presidente, nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro”.
Otro de los señalados es Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión, por presionar a jueces y magistrados para resolver casos a favor del Ejecutivo Federal.
Según la denuncia, la Presidencia de la República ejerció presión en el Poder Judicial en casos como la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la cancelación del de Texcoco, el Tren Maya, el caso de Emilio Lozoya, de extradiciones, así como en temas relacionados al Infonavit, a las telecomunicaciones, con medios de comunicación, entre otros.
Alpízar Salazar también es acusado de desvío de recursos públicos, violencia sexual y de género y de extorsionar a jueces y magistrados.
La investigación incluye a Edgar Manuel Bonilla del Ángel como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por delincuencia organizada institucional; y a Netzaí Sandoval Ballesteros, durante su gestión como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, por corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido de su cargo.
Según la denuncia, Arturo Zaldívar presionó casos como el de Rosario Robles, a cargo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Otro ejemplo es el del juez de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández que participó en asuntos como Cruz Azul, familia Jenkins, el fraude a Infonavit, la Estafa Maestra.
Al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, que llevó los casos de de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle, entre otros, se le señala de dictar resoluciones apegadas “a las instrucciones del exministro”.
Un caso más es el del magistrado Fernando Córdova del Valle, quien “resolvió como se le indicó los casos Gómez Mont y de Segalmex” y a cambio recibió beneficios económicos, precisa la acusación.
