* Padres de familia y comunidad estudiantil expresan inconformidad señalando que la seguridad de las y los estudiantes debe estar por encima de cualquier interés particular……
Por Efraín Morales Moreno
En el municipio de Cocotitlán crece la preocupación y las quejas entre habitantes, padres de familia y estudiantes, luego de que una nueva distribuidora de gas LP iniciara operaciones muy cerca de la Escuela Preparatoria Oficial Número 66, situación que consideran representa un alto riesgo para la comunidad estudiantil y vecinos de la zona, ante la irresponsabilidad del alcalde Miguel Artemio Florín Florín, aspirante a seguir en el poder municipal ahora por morena -dicen-.
De acuerdo con versiones de ciudadanos inconformes, la instalación de esta distribuidora se realizó en medio de diversas irregularidades, ya que presuntamente no contaría con los permisos ni las autorizaciones correspondientes emitidas por las instancias competentes para este tipo de establecimientos considerados de mucho riesgo para la población.
Las y los habitantes, señalaron que, pese a las dudas sobre la legalidad de la operación de la gasera, existe la percepción entre la ciudadanía de que el gobierno municipal encabezado por el alcalde Miguel Artemio Florín Florín habría otorgado la autorización y el visto bueno a través del área de Protección Civil Municipal, aunque hasta el momento no se ha transparentado públicamente la documentación oficial que avale el funcionamiento de la empresa.
Vecinos de la zona expresaron su inquietud debido a la cercanía de las instalaciones con la preparatoria, pues consideran que un posible accidente podría poner en peligro a cientos de alumnos, docentes y familias que diariamente transitan por el lugar. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para revisar la situación y verificar que se cumpla con toda la normatividad en materia de seguridad y protección civil.
Padres de familia también han comenzado a manifestar su inconformidad, señalando que la seguridad de las y los estudiantes debe estar por encima de cualquier interés particular o económico. Indicaron que esperan una respuesta clara y transparente de parte de las autoridades municipales sobre los permisos, estudios de riesgo y dictámenes correspondientes.
Ante esta situación, ciudadanos no descartan organizarse para solicitar formalmente la intervención de autoridades competentes, con el objetivo de evitar que la operación de esta distribuidora continúe si no cumple con las medidas de seguridad necesarias, especialmente por encontrarse en una zona cercana a instituciones educativas y áreas habitacionales.
