El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta interina del organismo, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.
Sin embargo, la nueva titular enfrenta señalamientos por contratos millonarios adjudicados durante su paso por el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia y el manejo de recursos en el máximo órgano electoral del país.
Tras la salida de Taddei en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos públicos.
La designación de la nueva presidenta interina busca dar estabilidad al organismo, pero los cuestionamientos sobre su historial han puesto bajo la lupa su gestión y las decisiones que tome en las próximas semanas.
Uno de los principales cuestionamientos hacia Blanca Cruz se centra en un contrato por 129.7 millones de pesos adjudicado a la empresa Comercializadora JVLY S.A. de C.V. durante su gestión como presidenta del IEE de Puebla en 2024.
La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE se dio en medio de una crisis interna, marcada por investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre una presunta red de proveedores y posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.
Ante este escenario, el Consejo General del INE optó por designar a Blanca Cruz García como presidenta provisional, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y la organización de los próximos procesos electorales.
Cruz García, abogada con más de 15 años de experiencia en materia electoral, fue designada consejera electoral del INE en abril de 2026.
Su perfil técnico y su trayectoria en organismos públicos locales electorales (OPLEs) fueron considerados elementos clave para asumir la presidencia interina mientras la Cámara de Diputados inicia el proceso para nombrar a la persona que ocupará el cargo de manera definitiva.
El principal señalamiento contra Blanca Cruz se relaciona con la adjudicación de un contrato por 129.7 millones de pesos a la empresa Comercializadora JVLY S.A. de C.V. durante su gestión como presidenta del IEE de Puebla en 2024.
El expediente LPN-IEE-005/2024 detalla que el contrato fue otorgado para la adquisición de materiales electorales, pero diversos reportes periodísticos han cuestionado la transparencia del proceso y la idoneidad de la empresa beneficiada.
Tras asumir la presidencia provisional, Blanca Cruz García ordenó detener la entrega de nuevos contratos y anunció una revisión exhaustiva de los contratos vigentes y de los perfiles de funcionarios de alto mando incorporados durante la gestión de Taddei.
En sus primeras declaraciones, Cruz García enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que “ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”.
La presidenta interina también instruyó a todas las áreas institucionales a colaborar con las investigaciones en curso y a fortalecer los mecanismos de control interno para evitar posibles actos de corrupción.
“Pueden revisar mi trayectoria, no solo mi gestión en el OPLE de Puebla, los 15 años que he dedicado a la vida electoral. Pueden investigar las autoridades y es sano que lo hagan”, declaró Cruz García en conferencia de prensa.