* Cristina Ruiz Sandoval advirtió que una ley sin recursos mantendría la problemática sin resolver y llamó a fortalecer la propuesta contra el feminicidio con medidas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación……
Por Martha Romero
El feminicidio representa una de las formas más graves de violencia contra las mujeres y no puede atenderse con simulaciones ni con leyes elaboradas al vapor, afirmó la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval.
Al encabezar el “Foro Ley Contra el Feminicidio en México”, la dirigente estatal y legisladora explicó que estos encuentros, que serán replicados en todo el país, tienen como objetivo fortalecer la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, a partir de las experiencias de la ciudadanía y de las víctimas.
Señaló que con ello buscan identificar las fallas estructurales del sistema actual y establecer medidas que permitan atender el problema antes de que ocurra un feminicidio.
Criticó las propuestas impulsadas por el Ejecutivo federal y sus bancadas en el Congreso de la Unión, al considerar que llegan con la instrucción de “no mover una sola coma” y que no contemplan recursos adicionales para enfrentar la problemática.
Calificó la propuesta del oficialismo como una “ley propagandista”, al señalar que una legislación sin presupuesto no permitiría modificar las condiciones actuales.
Al realizar un comparativo entre ambas propuestas, explicó que la iniciativa del oficialismo está integrada por 62 artículos y 12 transitorios, con una respuesta principalmente penal y administrativa enfocada en definir, investigar y sancionar el delito una vez que ya ocurrió.
En contraste, señaló que la propuesta del PRI contiene 130 artículos, 18 transitorios y ocho títulos, con el objetivo de establecer una política de Estado integral.
Entre sus planteamientos se encuentra la asignación de gasto público trimestral etiquetado y la creación de una Comisión Especial que deberá rendir cuentas e informes detallados al Congreso de la Unión de manera obligatoria, además de que contempla cinco ejes.
Uno de los principales planteamientos es la creación de una herramienta nacional de valoración del riesgo feminicida, con la finalidad de evitar que las madres, hermanas y familiares de las víctimas enfrenten un proceso burocrático entre distintas autoridades.
Señaló que actualmente existen casos en los que las responsabilidades se trasladan entre el Ministerio Público, las policías municipales y las fiscalías, por lo que la iniciativa busca establecer responsabilidades jurídicas claras para cada servidor público y exigir resultados trimestrales sobre su actuación.
También destacó la dimensión de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más habían experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.
En el caso del Estado de México, recordó que la primera Alerta de Violencia de Género se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.
Posteriormente, en 2019 se declaró una segunda alerta relacionada con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en siete municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco Solidaridad.
Por ello, llamó a frenar la propuesta del oficialismo si no contempla las modificaciones presupuestales y operativas necesarias para su aplicación.
