* Acusa centralismo, debilitamiento institucional y riesgos para la democracia……
Por Mary González
El Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México votó en contra del denominado Plan B en materia electoral, al advertir que se trata de una reforma que debilita a los congresos locales, reduce la autonomía de los institutos electorales y limita la participación de las fuerzas políticas de oposición en los gobiernos municipales.
Durante la discusión legislativa, el diputado Eduardo Zarzosa señaló que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responde a una lógica centralista que, bajo el argumento de la austeridad, pretende concentrar el poder y debilitar el federalismo, afectando directamente la pluralidad política en el país.
El legislador priista sostuvo que uno de los principales riesgos de la reforma es la reducción en la integración de los ayuntamientos, al establecer un límite de una sindicatura y hasta 15 regidurías, lo que, afirmó, disminuye la representación de las minorías y cierra espacios de participación a la oposición en los cabildos municipales, debilitando el equilibrio democrático en los gobiernos locales.
Asimismo, criticó que el Plan B no atiende problemas estructurales del sistema electoral, como la sobrerrepresentación legislativa, la cual distorsiona la voluntad ciudadana al generar mayorías artificiales que no corresponden con los resultados reales en las urnas, lo que, a su juicio, agrava la falta de equidad en la competencia política.
El grupo parlamentario también advirtió que la reforma omite medidas clave para garantizar la integridad de los procesos electorales, al no contemplar mecanismos efectivos para blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado ni acciones contundentes para frenar el financiamiento ilícito en campañas, lo que deja vulnerables los comicios y debilita la confianza ciudadana.
En este contexto, los priistas acusaron que la reestructuración planteada para el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales representa un retroceso institucional, ya que reduce capacidades técnicas, personal especializado y recursos operativos, lo que podría afectar la organización y vigilancia de las elecciones.
Desde una postura crítica, señalaron que la narrativa de ahorro presupuestal es insuficiente frente a los riesgos que implica la reforma, pues los supuestos beneficios económicos no compensan el impacto negativo en la calidad de la democracia, la transparencia electoral y la representación política.
Finalmente, el PRI en el Estado de México advirtió que el Plan B configura un escenario preocupante en el que se debilitan los contrapesos, se concentra el poder y se erosiona la vida democrática del país, al tiempo que reiteró su rechazo a una reforma que, aseguran, no fortalece al sistema electoral, sino que lo vulnera en sus bases fundamentales.
