* Entre rezagos legislativos, insisten en impulsar el “Plan B” electoral federal……
Por Mireya Álvarez
Rezago que no se atiende, agenda que se desvía
Mientras el Congreso del Estado de México acumula un rezago evidente en la dictaminación de iniciativas, con decenas de propuestas pendientes en comisiones y que llevan meses sin avanzar, la prioridad política parece estar lejos de atender las necesidades locales, en su lugar, el enfoque se ha desplazado hacia la insistencia de impulsar el llamado “Plan B” de la reforma electoral promovida desde el ámbito federal, una estrategia que, pese a haber sido recientemente rechazada, sigue marcando la pauta en la agenda legislativa estatal.
Las declaraciones del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, confirman una realidad preocupante, el Congreso mexiquense no está actuando bajo una lógica de urgencia social, sino bajo una línea política centralizada, en la que se privilegia una reforma de carácter nacional por encima de los pendientes locales que impactan directamente a la ciudadanía.
Una reforma rechazada que se quiere imponer
Resulta imposible ignorar que el denominado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya enfrentó un rechazo reciente que puso en duda su viabilidad y legitimidad, sin embargo, lejos de replantear su contenido o abrir un debate amplio, se insiste en reactivarlo desde los congresos locales, como si se tratara de una ruta alterna para imponer lo que no logró consolidarse por la vía institucional correspondiente.
La narrativa oficial habla de reducir costos y facilitar la participación ciudadana, pero detrás de ese discurso se esconde una preocupación mayor, el debilitamiento de los contrapesos electorales y la posible afectación a la autonomía de los órganos encargados de garantizar procesos transparentes, lo que abre un debate profundo sobre el verdadero objetivo de esta reforma.
Señalamientos graves, silencio institucional
Aún más delicado resulta el señalamiento que comienza a circular en distintos espacios políticos, la presunta presión hacia servidores públicos para “comprar conciencias legislativas” con el fin de asegurar la aprobación de este Plan B, una acusación que, de confirmarse, representaría no solo un atentado contra la ética pública, sino una violación directa al principio democrático que debe regir cualquier proceso legislativo.
Aunque estas versiones no han sido desmentidas con claridad ni investigadas a fondo, el silencio institucional solo alimenta la percepción de que la reforma no se está construyendo mediante el consenso, sino a través de mecanismos cuestionables que buscan alinear voluntades en favor de una agenda previamente definida.
Un Congreso alineado, no deliberativo
Las declaraciones de Duarte Olivares, al señalar que el Estado de México se ceñirá a lo que se determine a nivel nacional, dejan ver un Congreso subordinado, más preocupado por seguir directrices políticas que por ejercer su autonomía como poder independiente, esta postura debilita el papel del Legislativo como espacio de deliberación y lo convierte en una instancia de validación automática de decisiones externas.
Además, el argumento de que “hay tiempo suficiente” para aprobar la reforma contrasta con la realidad de iniciativas congeladas, temas urgentes sin dictaminar y demandas sociales que siguen sin respuesta, lo que evidencia una desconexión entre la agenda política y las prioridades ciudadanas.
Legitimidad en riesgo
El fondo del problema no es únicamente la insistencia en una reforma electoral, sino las condiciones en las que se pretende aprobar, sin consenso amplio, con cuestionamientos sobre su origen y bajo señalamientos de presión política, lo que pone en riesgo la legitimidad no solo de la reforma, sino del propio proceso democrático en México.
Si el Congreso del Estado de México decide avanzar en esta ruta sin atender primero sus rezagos y sin garantizar un debate abierto, estará enviando un mensaje claro, que las prioridades políticas están por encima de la representación ciudadana, y las decisiones fundamentales pueden tomarse sin el respaldo pleno de la sociedad.
En un momento en el que la confianza en las instituciones es clave, insistir en un Plan B que ya fue rechazado, y hacerlo en medio de dudas sobre la integridad del proceso legislativo, no fortalece la democracia, la debilita, y deja abierta una pregunta inevitable, si el objetivo es mejorar el sistema electoral, ¿por qué hacerlo bajo condiciones que ponen en entredicho su propia legitimidad?.
