* El legislador añadió que ya valora impulsar mecanismos legales que incluyan un posible proceso de juicio político y revisar la permanencia de José Luis Cervantes al frente de la institución……
Por Martha Romero
“El fiscal -José Luis Cervantes Martínez- ya no debe estar aquí”, aseveró el diputado Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la comisión de Procuración y Administración de Justicia e integrante del grupo parlamentario de Morena, al tiempo de exigir respuestas inmediatas y poner fin a la omisión institucional.
Tras añadir que ante la falta de atención, la ausencia de resultados y presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), indicó que ya valora impulsar mecanismos legales desde el Congreso Mexiquense que incluya un posible proceso de juicio político para revisar la permanencia del titular de la institución.
Después de que por más de dos meses los integrantes del colectivo Haz Valer mi Libertad han permanecido en plantón indefinido frente a las instalaciones de la FGJEM en espera de ser atendidos por el fiscal, junto con la diputada Ana Yurixi Leyva Piñon, integrante del Partido del Trabajo (PT), exigió la atención inmediata de los casos y la apertura de un canal de diálogo con las familias.
Añadió que junto con los integrantes del colectivo intentaron establecer un diálogo directo, pero el personal de la FGJEM les negó el acceso y cerró cualquier posibilidad de interlocución, además de que tampoco fue designado ningún funcionario para que los familiares de los injustamente presos fueran atendidos para exponer sus casos de manera formal.
Ante ello, señaló que la falta de apertura institucional, tras más de dos meses de plantón, constituye una omisión grave que mantiene a las personas sin atención ni canales efectivos de respuesta.
Resaltó que el objetivo es acreditar casos concretos con elementos suficientes para que puedan ser evaluados en los mecanismos legales vigentes, pues la reciente reforma en materia de amnistía es una medida vanguardista que reconoce deficiencias del sistema judicial, incluidas irregularidades en la integración de carpetas de investigación.
Martínez Vargas explicó que los expedientes podrán canalizarse a la Defensoría Pública del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y a la comisión de Amnistía, instancias que podrá emitir opiniones y recomendaciones para que el Poder Judicial revise los casos.
Indicó que se buscará establecer mesas de trabajo con autoridades, incluida la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), para analizar caso por caso y de manera particular, los casos de las personas que han sido trasladadas a penales federales.
Señaló que uno de los ejes de la protesta es la presunta fabricación de delitos por parte de la autoridad ministerial, práctica que ha sido recurrente en diversos casos, razón por la que ya existe una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México para sancionar la fabricación de delitos, lo que representa un reconocimiento institucional de esta problemática.
Además, dijo, existen casos en los que personas habrían sido procesadas injustamente, así como situaciones recientes en las que integrantes de grupos de autoayuda fueron detenidos y trasladados a reclusorios, lo que refleja posibles irregularidades.
El diputado morenista explicó que también han identificado casos de personas privadas de la libertad que han sido trasladadas a centros penitenciarios federales de manera injustificada.
Finalmente, precisó que estas decisiones corresponden al sistema penitenciario, dependiente de la SSEM, por lo que buscará la intervención de esta instancia para revisar los casos y, en su caso, gestionar su retorno a la entidad mexiquense.
