* La diputada Alexia Dávila propuso esta sanción a quien realice esta conducta aprovechándose de la similitud de características con la víctima, ello si se emplean las tecnologías de la información, incluyendo la Inteligencia Artificial (IA)……
Por Martha Romero
La diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, propuso endurecer las sanciones por usurpación de identidad en el Estado de México, con penas de hasta seis años de prisión, mismas que podrían aumentar a ocho años cuando se utilicen tecnologías de la información como la inteligencia artificial.
La iniciativa de reforma al Código Penal estatal contempla además multas de hasta mil días cuando la suplantación se realice mediante el uso de similitudes físicas, voz, imagen, datos biométricos o cualquier elemento de identificación personal, especialmente cuando estos sean generados o manipulados con herramientas digitales para facilitar actos delictivos.
Actualmente, la legislación vigente establece sanciones de hasta cuatro años de prisión y 500 días multa por este delito, sin considerar el uso de tecnologías avanzadas, en ese sentido, la propuesta plantea incrementar las penas cuando exista el uso de medios electrónicos, redes sociales o intercepción de datos, aunque precisa que no se acumulen sanciones, sino que se aplique la más alta.
La legisladora señaló que la usurpación de identidad ha evolucionado con el uso de inteligencia artificial, lo que permite la clonación de voces, creación de imágenes falsas y perfiles digitales engañosos, herramientas que facilitan fraudes sin contacto directo con la víctima.
Indicó que este delito se ha convertido en uno de los más frecuentes en el sistema financiero mexicano, donde las reclamaciones por suplantación de identidad figuran entre las principales causas de quejas ante autoridades regulatorias.
Advirtió que la legislación actual no describe con claridad estas nuevas modalidades, lo que dificulta su persecución y sanción, generando espacios de impunidad, por lo que insistió en la necesidad de actualizar el marco legal para responder a la realidad digital.
La propuesta busca reconocer que la pérdida de identidad no solo implica el uso indebido de datos, sino afectaciones directas al patrimonio, la reputación y la tranquilidad de las personas, en un contexto donde las víctimas pueden enfrentar fraudes, endeudamientos o incluso implicaciones legales por actos que no cometieron.
Con ello, se pretende fortalecer las herramientas jurídicas para combatir un delito que, aunque no siempre visible, tiene impactos cada vez más profundos en la vida cotidiana y en la seguridad financiera de la población.
