* La diputada Zaira Cedillo también propuso tratamiento psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico o reeducativo, a quien incurra en este delito……
Por Martha Romero
Datos de la Encuesta Nacional de Reconocimiento de la Violencia Vicaria en México realizada por el Frente Nacional contra Violencia Vicaria señalan que el 80 por ciento de las mujeres que sufre violencia vicaria fue separada de sus hijas o hijos tras amenazas, informó la diputada Zaira Cedillo Silva, integrante del grupo parlamentario de Morena.
Por ello, con el objetivo de crear un sistema de protección eficaz que evite que hijas e hijos sean utilizados como instrumentos de agresión contra las mujeres, propuso establecer una definición precisa de violencia vicaria, ampliar los supuestos para sancionarla, así como aumentar las penas hasta un máximo de 10 años y ocho meses de prisión.
Agregó que las reformas al Código Penal estatal establecerían que comete violencia vicaria el hombre que, siendo cónyuge, excónyuge, concubinario, ex concubinario, pareja o expareja, mediante cualquier acto u omisión utilice como víctima directa a hijas, hijos, familiares, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, seres sintientes o bienes de la víctima, con el fin de causarle daño a la mujer y provocarle una afectación psicoemocional o física.
Resaltó que a quien cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 500 a mil 500 días multa, así como tratamiento psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se consumen.
Zedillo Silva mencionó que el proyecto contempla 22 supuestos de violencia vicaria, entre los que se incluyen conductas como sustracción, retención, manipulación emocional, amenazas, imputaciones falsas, obstaculización del vínculo materno-filial y utilización estratégica de procesos judiciales para generar desgaste o daño.
Mencionó que este delito sería perseguido de oficio y sin derecho a fianza, por lo que el Ministerio Público exhortará a la persona imputada a abstenerse de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima, acordará las medidas preventivas y solicitará las medidas precautorias pertinentes para salvaguardar su integridad física o psíquica.
Además, dijo, al servidor público que retarde u obstaculice maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en la investigación del delito se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de 500 a mil 500 días multa, además de destitución e inhabilitación de seis a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Refirió que paralelamente propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México con el fin de incluir la violencia vicaria como una de sus modalidades, con la misma definición prevista en el proyecto de reforma penal.
Pir último, señaló que el Código Penal vigente establece que, cuando estos supuestos del cohecho sean cometidos por algún elemento de los cuerpos policíacos o por persona servidora de seguridad pública o de la administración o procuración de justicia, la pena aumentará hasta en una mitad, para alcanzar hasta cuatro años y seis meses de prisión.
