Por Mireya Álvarez
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, control y participación ciudadana en el combate a la corrupción, Omar Iván Gómez Guzmán, presidente de Grafeno y Red Exponencial, junto con Luis Arilla Macedo, integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
La propuesta, entregada al diputado Gerardo Pliego Santana, busca actualizar el marco jurídico del sistema para hacerlo más eficiente y con mayor representatividad social. Gómez Guzmán agradeció la apertura del legislador para escuchar las voces de la ciudadanía y de las organizaciones civiles, al señalar que la corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, social y democrático del Estado de México.
“Este fenómeno erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la asignación de recursos y perpetúa las desigualdades que más afectan a los sectores vulnerables”, señaló.
El activista, indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, la corrupción en trámites y servicios públicos en México tiene un costo anual estimado de 11 mil 900 millones de pesos, equivalente a tres mil 368 pesos por persona afectada.
Gómez subrayó que el Estado de México, con más de 16 millones de habitantes y una economía que representa aproximadamente el 9 por ciento del PIB nacional, enfrenta retos singulares en materia de combate a la corrupción, debido a su compleja estructura gubernamental integrada por 125 municipios.
“Somos la única entidad del país con la obligatoriedad legal de contar con Comités de Participación Ciudadana municipales”, recordó.
La iniciativa se sustenta en el programa anual de trabajo del CPC y contempla cuatro ejes principales:
1.- Capacitación y profesionalización permanente, se propone la creación de un comité de formación continua para los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana, en coordinación con el sistema estatal y la Secretaría Ejecutiva.
2.- Fortalecimiento de la representación ciudadana, se plantea que al Comité Coordinador Estatal se sumen dos ciudadanos con voz, pero sin voto, a fin de equilibrar la participación frente a la mayoría gubernamental. La misma medida se propone para los niveles municipales.
3.- Autonomía financiera de los comités municipales, donde la reforma sugiere que los honorarios de los integrantes de los CPC municipales sean cubiertos con recursos del Sistema Estatal Anticorrupción, garantizando su independencia económica frente a los ayuntamientos.
4.- Escalonamiento en los nombramientos, se propone que la Comisión de Selección Estatal se renueve de manera escalonada, de forma que cada año cambie una tercera parte de sus nueve integrantes, asegurando continuidad y experiencia institucional.
Gómez Guzmán concluyó que estas modificaciones buscan fortalecer el entramado ciudadano del Sistema Anticorrupción y consolidar su autonomía frente a las estructuras políticas locales.
“La participación ciudadana no debe ser decorativa; debe tener voz, permanencia y sustento para incidir realmente en la lucha contra la corrupción”, afirmó.
