* El comisionado político nacional, Reginaldo Sandoval llamó a reforzar los protocolos de prevención y supervisión en el transporte de materiales peligrosos para evitar tragedias ambientales……
Por Martha Romero
El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México, Reginaldo Sandoval Flores, reconoció la decisión de las comunidades indígenas afectadas por el derrame de gasolina registrado en territorio mexiquense, quienes han decidido enfrentar jurídicamente a las empresas responsables de la contaminación de mantos acuíferos y fuentes naturales de agua para consumo humano.
Fue el pasado 16 de abril cuando se registró un grave derrame de gasolina en el kilómetro 28 de la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del paraje La Canaleja, cerca de la comunidad de La Magdalena Chichicaspa en Huixquilucan, donde el accidente, que involucró a una pipa, contaminó el manantial Agua Bendita, afectando el suministro local de agua potable.
En este contexto, el líder petista sostuvo que la defensa del agua y del medio ambiente debe ser respaldada por las instituciones y por toda la sociedad.
Advirtió que los accidentes relacionados con transporte de materiales flamables y de manejo especializado se han vuelto cada vez más frecuentes en distintas vías de comunicación del país, particularmente en autopistas y corredores de carga pesada, situación que obliga a revisar con seriedad las condiciones de operación, capacitación y supervisión de quienes conducen este tipo de unidades.
Explicó que entre las posibles causas de este tipo de hechos se encuentran la falta de pericia, la insuficiente experiencia frente al volante en unidades de alta complejidad y, en algunos casos, la ausencia de protocolos estrictos de seguridad para el traslado de sustancias peligrosas.
Sandoval Flores señaló que cuando ocurre un accidente de esta magnitud, las consecuencias no solo impactan al medio ambiente, sino también a comunidades enteras que pierden el acceso al agua potable y enfrentan riesgos severos para su salud.
Exhortó a las autoridades militares, ambientales, de protección civil y de procuración de justicia a actuar con prontitud para resarcir, en la medida de lo posible, el daño ocasionado tanto a los ecosistemas como a las familias afectadas.
Asimismo, pidió que se deslinden responsabilidades y que las empresas involucradas asuman plenamente las consecuencias legales, ambientales y sociales derivadas de estos hechos.
Hizo un llamado a fortalecer la cultura de la prevención y a reducir al mínimo la probabilidad de este tipo de accidentes a través de una supervisión más estricta, capacitación permanente y mayores controles técnicos en el transporte de materiales peligrosos.
“El derecho al agua y a un medio ambiente sano no puede quedar expuesto por negligencias o falta de regulación efectiva”, concluyó.
