* Placas de acero mal niveladas, daños a vehículos y congestionamientos exhiben deficiencias de mantenimiento en una infraestructura que costó mil 100 millones de pesos……
Por Raul Ruíz
Lo que debería ser una infraestructura segura para miles de automovilistas se ha convertido en un peligro cotidiano, luego de que conductores denunciaran una separación en la superficie del Puente de La Concordia, ubicado entre Iztapalapa y el Estado de México, donde placas metálicas colocadas provisionalmente han provocado presuntos daños a vehículos y congestionamientos.
La abertura, localizada en la incorporación hacia la calzada Ignacio Zaragoza y la autopista México-Puebla, continúa parcialmente descubierta, mientras las placas sobresalen del pavimento, situación que, según testimonios ciudadanos, ha ocasionado ponchaduras, afectaciones en suspensiones y riesgos de accidentes.
El problema también ha obligado a reducir carriles, generando largas filas de automóviles, autobuses y transporte de carga, particularmente en dirección a Santa Martha Acatitla, con consecuencias para quienes diariamente se trasladan entre la capital y los municipios del oriente mexiquense.
Millonaria inversión, mantenimiento cuestionado
Inaugurado el 16 de diciembre de 2007, el Distribuidor Vial Zaragoza-Texcoco representó una inversión aproximada de mil 100 millones de pesos y fue construido bajo coordinación del Gobierno capitalino, con participación de ICA e IDINSA.
Sin embargo, casi dos décadas después, el deterioro reportado exhibe interrogantes sobre las inspecciones preventivas, los recursos destinados al mantenimiento y la responsabilidad de las autoridades encargadas de conservar esta importante conexión vial.
La situación resulta especialmente preocupante porque, hasta ahora, no se ha presentado públicamente un dictamen técnico que permita determinar si la separación corresponde únicamente al pavimento, a una junta de unión o a un problema de mayor gravedad.
Los automovilistas exigen una reparación definitiva y no simples soluciones provisionales que podrían incrementar los riesgos.
La responsabilidad gubernamental no termina colocando placas metálicas: implica garantizar condiciones seguras de circulación, transparentar las revisiones técnicas y evitar que una obra millonaria termine convirtiéndose en una amenaza para sus usuarios.
