En la antesala del envío de la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que el debate sobre las diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos no provocará una fractura con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Simple y sencillamente son puntos de vista distintos”, afirmó el legislador, al subrayar que el objetivo central es construir la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución y avanzar hacia un modelo que reduzca el costo del sistema de partidos y fortalezca los mecanismos de fiscalización electoral.
Uno de los ejes más sensibles del debate es el futuro de las diputaciones de representación proporcional. Ramírez Cuéllar se pronunció por mantener la fórmula vigente de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 plurinominales, pero con un cambio sustancial: que quienes aspiren por la vía proporcional también realicen campaña y sean votados directamente por la ciudadanía.
“Se deben mantener los 200, los 300 distritos electorales del país y los pluris deben hacer campaña, la gente debe votar por ellos”, sostuvo.
La propuesta implicaría modificar el diseño tradicional de las listas cerradas que hoy determinan el acceso de legisladores plurinominales al Congreso, lo que abriría la puerta a un esquema de mayor competencia y visibilidad pública para estos perfiles.
Asimismo, el diputado planteó eliminar la lista nacional del Senado de la República al considerar que carece de justificación en un órgano cuya naturaleza es representar a las entidades federativas. En su planteamiento, el Senado quedaría integrado exclusivamente por dos senadores de mayoría relativa por estado y uno de primera minoría, lo que modificaría el equilibrio actual en la Cámara alta.
Otro componente central de la iniciativa es la disminución del financiamiento público a los partidos políticos. Ramírez Cuéllar argumentó que el sistema electoral mexicano resulta oneroso tanto en campañas como en gasto ordinario.
“Se gasta muchísimo en campañas y en sostener los gastos ordinarios de los partidos”, señaló, al defender un rediseño que permita racionalizar el uso de recursos públicos sin comprometer la equidad en la contienda.
El debate sobre financiamiento partidista ha sido recurrente en la agenda legislativa, particularmente en contextos de austeridad presupuestaria y exigencias ciudadanas de mayor eficiencia del gasto público.
Más allá del rediseño institucional, el legislador colocó como prioridad el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización electoral para impedir la infiltración de recursos de procedencia ilícita en campañas, especialmente en procesos locales.
“La reforma electoral debe poner atención particularmente en la fiscalización de los partidos para que ningún dinero, producto del crimen, entre a las campañas electorales, porque esto degrada las instituciones y pone en peligro la democracia”, enfatizó.
El señalamiento se inscribe en una preocupación creciente sobre la incidencia del crimen organizado en elecciones subnacionales, donde la capacidad de vigilancia institucional enfrenta mayores desafíos.
Ramírez Cuéllar reconoció que existen diferencias al interior de la coalición oficialista respecto a la profundidad de los cambios, pero expresó confianza en alcanzar un consenso que permita reunir la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución.
En ese escenario, Morena, PT y PVEM deberán armonizar posturas sobre representación proporcional, financiamiento público y arquitectura institucional del Congreso, mientras la oposición anticipa una discusión de alto voltaje político.
La eventual reforma electoral perfila un rediseño estructural del sistema político mexicano: menos recursos públicos para partidos, mayor control sobre el financiamiento de campañas y una transformación del esquema de representación proporcional. El debate que se avecina en el Congreso marcará el rumbo de las reglas electorales que regirán los próximos ciclos democráticos del país.
