* La reducción de 56.8 millones de pesos en recursos federales para infraestructura hidráulica plantea nuevos desafíos para atender el desabasto, mientras autoridades estatales y municipales deberán explicar cómo evitarán mayores afectaciones a la población……
Por Martha Romero
En medio de los problemas de abastecimiento que enfrentan numerosas comunidades mexiquenses, el Estado de México tendrá una reducción de 22.3 por ciento en los recursos federales destinados a agua potable e infraestructura hidroagrícola rumbo a 2027, equivalente a 56.8 millones de pesos menos respecto al presupuesto de referencia, una disminución que genera preocupación por sus posibles consecuencias en proyectos hidráulicos, mantenimiento de instalaciones y ampliación de servicios, particularmente en localidades donde las familias enfrentan dificultades para acceder regularmente al agua.
La decisión presupuestaria coloca bajo cuestionamiento las prioridades de inversión pública, pues mientras crecen las necesidades de modernización de redes, reparación de fugas y fortalecimiento de sistemas de distribución, los recursos disponibles para determinados programas federales disminuyen, situación que exige explicar qué criterios justificaron el ajuste y cuáles serán las obras afectadas, porque reducir asignaciones sin presentar alternativas suficientes podría profundizar las desigualdades existentes en el acceso al recurso.
El ajuste aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación mantiene apenas 197.5 millones de pesos para ambos conceptos, frente a los 254.4 millones autorizados en 2026, aunque esta cantidad no representa la totalidad del gasto público destinado al agua, evidencia una contracción significativa de los subsidios específicos, cuya distribución territorial todavía requiere explicaciones claras para determinar quiénes enfrentarán mayores limitaciones.
La situación resulta más delicada porque ocho de los nueve acuíferos considerados en el diagnóstico estatal presentan sobreexplotación, mientras la demanda de agua subterránea supera la disponibilidad natural, indicadores que exhiben problemas acumulados durante años y obligan a las administraciones a establecer prioridades presupuestarias sustentadas en necesidades reales, no solamente en anuncios de infraestructura cuya ejecución frecuentemente permanece pendiente.
El gobierno de Delfina Gómez Álvarez y los 125 ayuntamientos deberán precisar si existen recursos complementarios para sostener proyectos indispensables, además de transparentar inversiones, calendarios y metas verificables, pues ninguna comunidad debería enfrentar mayores dificultades de abastecimiento por falta de planeación financiera, cuando garantizar el acceso al agua constituye una obligación pública y una necesidad cotidiana que no admite soluciones improvisadas.


