* Choque por rectoría frena cambios……
Por Karina Rocha
La reforma a la ley universitaria en el Estado de México se encuentra empantanada en el Congreso local, atrapada entre discursos de apertura y resistencias que evidencian un conflicto de fondo, el control de las universidades públicas y la forma en que se designan sus autoridades, un tema que lejos de resolverse se ha convertido en terreno de disputa política, académica y de intereses que se resisten a ceder espacios de poder.
Aunque existen al menos tres iniciativas en análisis, el avance real es prácticamente nulo, condicionado a una supuesta construcción de consensos que en la práctica se traduce en dilación, cálculos políticos y temor a tocar es-tructuras que durante años han operado bajo esquemas cerra-dos, donde la designación de rectores ha sido cuestionada por su falta de transparencia y por meca-nismos internos que favorecen a grupos consolidados.
Autonomía bajo sospecha
El argumento de la autonomía universitaria se ha colocado en el centro del debate, utilizado como escudo por sectores que advierten sobre una posible intromisión del Poder Legislativo, pero también como pretexto para evitar cambios profundos, porque si bien la autonomía es un principio fundamental, también ha sido usada para justificar prácticas opacas y procesos que no siempre reflejan la voluntad real de la comunidad universitaria.
Desde el Congreso se insiste en que la reforma no busca vulnerar esa autonomía, sino actualizar un marco legal que ha quedado rezagado frente a nuevas exigencias de transparencia y democracia, sin embargo, la desconfianza persiste, alimentada por la percepción de que cualquier intervención externa puede abrir la puerta a la politización directa de las instituciones educativas.
Elección de rectores, el núcleo del conflicto
El punto más sensible es la forma en que se eligen los rectores, un modelo que ha sido señalado por distintos sectores como un sistema donde quienes participan también influyen en el resultado, lo que genera dudas sobre su imparcialidad y legitimidad, en ese contexto, la propuesta de avanzar hacia un voto universal ha ganado fuerza, al plantear que estudiantes, docentes y personal administrativo tengan voz directa en la elección.
Sin embargo, esta alternativa también despierta preocupaciones, ya que sin reglas claras podría derivar en procesos vulnerables a presiones políticas, campañas internas y dinámicas que desvirtúen el carácter académico de las universidades, por lo que la discusión no solo es si se cambia el modelo, sino cómo se diseña para evitar reproducir vicios en otro formato.
Entre simulación y cálculo político
El proceso se encuentra en una etapa que se describe como de consulta y “maduración”, pero que en los hechos refleja falta de voluntad para tomar decisiones, especialmente ante la cercanía del cierre del periodo ordinario de sesiones, lo que hace inviable cualquier aprobación en el corto plazo y deja la reforma en un limbo legislativo que podría extenderse hasta el último año de la actual legislatura.
Esta pausa no es menor, porque mientras el debate se prolonga, las condiciones que se pretenden modificar permanecen intactas, lo que beneficia a quienes operan bajo el esquema actual y reduce la presión por transformar un sistema que ha sido criticado pero que sigue funcionando para ciertos intereses.
Universidades en medio del poder
Más allá del discurso de fortalecimiento institucional, lo que está en juego es quién define el rumbo de las universidades, si las propias comunidades bajo reglas más abiertas o si se mantiene un modelo donde las decisiones se concentran en grupos específicos, con el riesgo de que cualquier cambio sea capturado por nuevas élites o por intereses externos.
La falta de acuerdos no solo retrasa una reforma necesaria, también envía un mensaje preocupante sobre la capacidad de las instituciones para renovarse, en un contexto donde la educación superior enfrenta retos crecientes y donde la legitimidad de sus procesos internos es clave para su credibilidad.
Así, la reforma universitaria sigue detenida, atrapada entre defensa de la autonomía y la urgencia de transformarla, entre el discurso de democratización y el temor a perder control, en un escenario donde el tiempo pasa, pero las decisiones siguen sin llegar.
