El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para impulsar la regularización de tierras rurales y asentamientos humanos en distintas regiones de la entidad, una estrategia con la que se pretende otorgar certeza jurídica a miles de familias que durante años han habitado terrenos sin documentos oficiales que acrediten legalmente la propiedad.
El acuerdo fue suscrito entre la Secretaría del Campo del Estado de México y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el propósito de fortalecer los mecanismos de ordenamiento territorial y facilitar procesos administrativos relacionados con la tenencia de la tierra.
Las autoridades estatales señalaron que el convenio tendrá especial impacto en municipios de la zona oriente del Estado de México, donde históricamente se han concentrado asentamientos irregulares derivados del crecimiento urbano desordenado y de la expansión poblacional que durante décadas avanzó sin planeación suficiente.
De acuerdo con la información presentada durante la firma del convenio, actualmente existen más de 2 mil 500 hectáreas en proceso de regularización en territorio mexiquense, situación que podría beneficiar a cerca de 300 mil familias que habitan en zonas rurales y comunidades donde aún persisten problemas relacionados con la falta de escrituras, títulos de propiedad o registros oficiales.
La Secretaría del Campo explicó que una de las prioridades será brindar acompañamiento técnico y jurídico a habitantes de núcleos agrarios para facilitar la integración de expedientes, la validación de información y la emisión de documentos legales que permitan a las familias acreditar la posesión legítima de sus predios.
Como parte del acuerdo, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable proporcionará acceso a plataformas con información técnica y registral vinculada al Registro Agrario Nacional y a otras bases de datos oficiales, lo que permitirá agilizar los procesos de identificación de terrenos susceptibles de regularización y reducir tiempos administrativos.
Las acciones también contemplan subsidios para trámites, asesorías a productores rurales y la difusión de programas enfocados en la legalización de la propiedad social y privada, además de procedimientos para la transmisión de dominio mediante escrituras públicas registradas ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México.
Autoridades federales y estatales coincidieron en que la regularización territorial representa un paso importante para fortalecer la seguridad patrimonial de las familias, mejorar el acceso a servicios públicos y disminuir conflictos relacionados con disputas por la tierra.
