El Estado de México puso en marcha un programa especial para agilizar la regularización y escrituración de viviendas, mediante un esquema de coordinación con el Gobierno de México que permanecerá vigente de agosto de 2026 a abril de 2027, con el propósito de brindar certeza jurídica a miles de familias que habitan en predios irregulares, reducir tiempos de gestión y disminuir los costos asociados a estos procedimientos.
La estrategia contempla la aplicación de acciones de simplificación administrativa, beneficios fiscales y facilidades registrales para acelerar los trámites relacionados con la propiedad de la vivienda, además de fortalecer el ordenamiento territorial y facilitar el acceso de la población a un patrimonio legalmente reconocido.
El programa busca atender principalmente a personas que viven en condiciones de marginación o rezago social, quienes enfrentan mayores dificultades para obtener las escrituras de sus viviendas, además de impulsar un desarrollo urbano más ordenado y promover la disponibilidad de suelo apto para el crecimiento de las comunidades.
Actualmente, los procesos de regularización pueden extenderse hasta cuatro años y representar costos cercanos a los 40 mil pesos por familia, situación que ha limitado el acceso a la certeza jurídica sobre el patrimonio de miles de propietarios.
Con el nuevo esquema se prevé reducir significativamente los tiempos de respuesta mediante la simplificación de trámites relacionados con el registro público, el catastro, el uso de suelo, protección civil, certificación de vialidades y servicios públicos, además de aplicar exenciones o reducciones en diversos derechos y contribuciones.
Las acciones serán coordinadas entre autoridades estatales, municipales y federales para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas durante los próximos nueve meses, mientras que el proceso de integración de expedientes ya considera 474 mil 681 predios distribuidos en 46 municipios mexiquenses que podrían acceder al programa de regularización, con lo que se busca avanzar en la disminución del rezago histórico en materia de escrituración y fortalecer la seguridad patrimonial de las familias del Estado de México.
