Dámaso Castro Saavedra presentó su renuncia definitiva como vicefiscal general de Sinaloa, luego de permanecer seis meses con licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
La salida del funcionario ocurrió el 5 de noviembre de 2026, cuando concluyó el periodo de licencia que había solicitado para separarse temporalmente de sus funciones. Sin embargo, fue hasta este miércoles 11 de noviembre cuando la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó públicamente que Castro había presentado su renuncia formal.
De acuerdo con la acusación federal estadounidense, el exvicefiscal habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales, equivalentes a unos 200 mil pesos, de integrantes de “Los Chapitos” a cambio de brindarles protección y alertarlos sobre operativos policiales, incluidos aquellos realizados con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Los señalamientos forman parte de un expediente presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. No obstante, se trata de acusaciones que no representan una condena: Castro Saavedra ha negado los vínculos con el grupo criminal y mantiene la presunción de inocencia.
El exfuncionario solicitó una licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026, seis días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una acusación contra una decena de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntamente colaborar con ‘Los Chapitos’.
Durante ese periodo, Castro compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 26 de mayo, donde negó las imputaciones y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas.
La licencia tenía una duración de seis meses y, al concluir, el vicefiscal optó por presentar su renuncia definitiva, según confirmó Sánchez Kondo.
Mientras tanto, José Roberto Quiñónez Coronado permanece como encargado del despacho de la Vicefiscalía General de Sinaloa. Hasta el momento, no se ha anunciado quién ocupará el cargo de manera definitiva.
La acusación estadounidense sostiene que Castro Saavedra habría mantenido una relación de colaboración con “Los Chapitos”, a quienes presuntamente proporcionaba información confidencial sobre las operaciones de seguridad para facilitar sus actividades criminales.
Entre los señalamientos destaca el supuesto pago de 11 mil dólares mensuales. Además, investigadores estadounidenses habrían identificado al exvicefiscal en registros de presuntos sobornos bajo el alias de “Culiacán Regio”.
Las imputaciones que enfrenta en el expediente estadounidense incluyen:
* Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
* Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
* Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Según las disposiciones citadas en la acusación, de ser declarado culpable podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. Rubén Rocha Moya y otros funcionarios también aparecen en la acusación Dámaso Castro no es el único funcionario sinaloense mencionado en el expediente del Departamento de Justicia estadounidense.
Entre los otros señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia; Enrique Inzunza Cázarez, senador, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
La acusación sostiene que los funcionarios presuntamente habrían facilitado las operaciones de “Los Chapitos” mediante protección institucional, filtración de información, escolta de cargamentos y participación en actos violentos.
Estas acciones habrían favorecido las actividades de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. La renuncia no significa una detención La salida de Castro Saavedra de la Fiscalía de Sinaloa no representa una admisión de culpabilidad ni significa que haya sido detenido. Su renuncia únicamente pone fin a su relación laboral con la institución, mientras los señalamientos penales siguen su propio curso.
El exvicefiscal ha negado las acusaciones y, hasta que exista una resolución judicial, debe ser considerado inocente.
