Estado de México, en medio de la presión por el incremento del diésel y el deterioro del servicio, el gobierno estatal analiza una reestructuración de rutas del transporte público como una alternativa para mejorar los ingresos de concesionarios sin trasladar el costo a los usuarios, una medida que llega tarde frente a un sistema que arrastra años de desorden, ineficiencia y saturación.
El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa Mendoza, reconoció que el encarecimiento de combustibles ha generado inquietud entre transportistas, sin embargo, descartó que la solución inmediata sea un nuevo aumento en la tarifa, por lo que se plantean ajustes operativos para hacer más eficientes los recorridos y reducir costos en un esquema que busca contener el impacto económico sin resolver de fondo las fallas estructurales.
La revisión se da tras el incremento autorizado en noviembre de 2025, cuando la tarifa mínima pasó de 12 a 14 pesos, una medida que no logró estabilizar al sector y que hoy vuelve a ser insuficiente ante el alza sostenida del diésel, el mantenimiento y los gastos operativos, lo que evidencia la fragilidad del modelo de transporte concesionado en la entidad.
Entre las opciones en análisis se encuentra la eliminación de rutas con traslapes, la reducción de recorridos largos con baja rentabilidad y la reorganización de trayectos que actualmente generan gastos excesivos, con el objetivo de aumentar la captación de usuarios, reducir consumo de combustible y mejorar el equilibrio financiero de los operadores, aunque estas medidas también implican riesgos de cobertura y posibles afectaciones a usuarios en zonas periféricas.
El planteamiento oficial insiste en que la eficiencia puede sustituir a los ajustes tarifarios, sin embargo, el problema no radica únicamente en el diseño de rutas, sino en la falta de regulación efectiva, la sobreoferta de unidades, la competencia desordenada y la ausencia de un sistema integral que priorice la movilidad sobre los intereses particulares.
La discusión sobre el reordenamiento de rutas se inserta en un debate más amplio sobre la sostenibilidad del transporte público en el Estado de México, donde cualquier decisión impacta directamente en millones de usuarios que dependen diariamente de un servicio irregular, inseguro y costoso, mientras las soluciones estructurales siguen postergándose y las medidas emergentes se presentan como respuestas de corto alcance ante una crisis que exige cambios de fondo.
